Este día me desperté pensando, y es que llevo varios días en los que el tema de conversación, en distintos círculos, ha sido el mismo: el caso del pádel en el centro de nuestra bella nación.
Otro episodio más de “cuatro escoltas y un camino”. Vimos cómo un supuesto empresario protagonizó una escena digna de una telenovela de la televisora de San Ángel. Al señor se le ocurrió, junto con su hijo y cuatro escoltas, darle una golpiza a un entrenador de pádel.
A ver, empecemos desde el principio. El problema aquí no es si se agarran o no a golpes —cada quien tiene sus razones, sus pasiones, su carácter—, pero que se metan de montoneros… eso sí está muy mal. Y peor aún si quienes participan en esa agresión son agentes de seguridad.
Porque vamos a ser claros: el hecho de que tengas la necesidad —o simplemente las ganas— de contratar un equipo de seguridad no te faculta para andar por la vida acompañado de delincuentes armados.
Y ese es justo el problema. Creo que es algo con lo que nos topamos a menudo en esta ciudad: escoltas que se sienten por encima de la ley, que hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Muchos de ellos incluso sin permisos legales de portación, sin el entrenamiento adecuado y, lo peor, sin tener idea de cuáles son sus facultades y obligaciones como trabajadores de una empresa de seguridad ejecutiva.
Y si bien este no es un mal exclusivo de ninguna región —ya vimos lo que pasó en Atizapán, Estado de México—, la cosa es la siguiente:
Hay muchas empresas de seguridad privada que te ofrecen el servicio de escoltas, pero de manera ilegal te dicen:
“Si tú ya tienes a alguien que va a fungir como tu seguridad personal y lo quieres armar, yo te rento un arma por tanto y lo agrego como empleado mío para meterlo en la licencia colectiva de portación de armas.”
El problema es que eso no está permitido. No es lo que dictan las leyes mexicanas. Lo que está normado y reglamentado es que los escoltas deben ser exclusivamente trabajadores de la empresa de seguridad. ¿Por qué? Porque de esa manera dichos elementos están obligados a estar entrenados, capacitados y supervisados por la empresa. Es la empresa de seguridad quien debe garantizar que su personal cumpla con los estándares y esté bajo las órdenes de su jefe operativo, no del cliente.
Porque, ojo: el principal no es el jefe del escolta. Es simplemente la persona que contrata el servicio. El escolta no está para ser su malandro personal ni su achichincle armado. Su deber, como agente de seguridad ejecutiva, es proteger al cliente y responder ante las circunstancias de riesgo, no obedecer caprichos ni actuar con impunidad.
Y antes que nada —y por encima de todo—, su actuar debe estar alineado con el principio básico de que son representantes auxiliares de la seguridad pública. Y eso implica ética, legalidad y profesionalismo, no abuso, violencia ni privilegios comprados.
Hay cosas que me hacen enojar, y una de ellas es el mal manejo de la seguridad ejecutiva, tanto por parte de algunas empresas como también, muchas veces, por los propios clientes.
El problema empieza cuando los elementos no están debidamente capacitados, y entonces nos topamos con situaciones absurdas, peligrosas o simplemente fuera de lugar. Por ejemplo, ¿cuántos escoltas hay en esta ciudad que traen los vidrios más polarizados que los mismos vehículos de seguridad pública? Y eso no es todo.
Lo que me toca ver con frecuencia —y me molesta profundamente— es a escoltas usando torretas, estrobos y luces como si fueran patrullas oficiales, simulando funciones que no les corresponden. Esto está expresamente prohibido y sancionado por la Ley de Tránsito de la Ciudad de México, que indica que ningún vehículo particular puede utilizar estrobos, sirenas ni torretas, ya que eso es exclusivo de vehículos de emergencia o seguridad pública. Pero aun así, muchos lo hacen como si nada.
Y así es como, desgraciadamente, algunas empresas permiten —o hasta promueven— ese uso indebido de los elementos, o los propios clientes abusan de ellos, desacreditando a quienes sí se esfuerzan por hacer bien su trabajo.
Porque también los hay. Hay elementos que sí tienen iniciativa, sí se capacitan y sí están comprometidos con brindar seguridad, no solo a sus clientes, sino también a toda la comunidad.
Eso fue una de las grandes cosas que aprendí de mi buen amigo, el Mayor Miguel Ángel Macías, una persona verdaderamente comprometida con la seguridad en todas sus vertientes. Desde su centro de capacitación, IMPULSE, ha puesto un enorme granito de arena en la profesionalización del sector, formando elementos de seguridad con ética, preparación y vocación real. Por cierto que hoy y mañana tendrá un curso en CANACO muy interesante sobre la prevención del secuestro.
Falta más gente como él.
Gente que entienda que la seguridad no es poder ni intimidación; es responsabilidad, disciplina y servicio a los demás.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
