La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública no debe verse como un simple relevo administrativo. Es, en realidad, el reconocimiento tardío de un fracaso que durante años fue evidente para padres de familia, maestros y especialistas. Lo verdaderamente grave no es que finalmente haya sido removido, sino que haya permanecido tanto tiempo en el cargo causando un daño profundo a la educación pública.
Arriaga no solo defendió los libros de texto; los convirtió en un proyecto personal e ideológico, negándose a aceptar cambios ni siquiera de una coma, aun cuando se le señalaron errores, deficiencias pedagógicas y fallas evidentes en los contenidos. Esa negativa no fue un gesto de convicción académica, sino de soberbia. Confundir la educación de millones de niños con una trinchera política es una irresponsabilidad histórica.
Los libros de texto no son propaganda, no son manifiestos y no son instrumentos de ingeniería ideológica. Son herramientas para formar a las nuevas generaciones. Sin embargo, bajo su gestión, se introdujeron contenidos cuestionables, se debilitó el rigor académico y se desplazaron áreas fundamentales del conocimiento. Muchos padres encontramos en esos materiales contenidos que no correspondían a la edad de los niños, además de temas de autodeterminación de la sexualidad presentados de manera prematura y sin el contexto pedagógico adecuado. Lo que debería haber sido formación se convirtió, en muchos casos, en confusión.
Pero el problema no termina en la figura de Arriaga. Sería demasiado cómodo convertirlo en el único responsable. La verdadera pregunta es otra: ¿quién lo nombró?, ¿quién lo respaldó?, ¿quién permitió que durante años se ignoraran las críticas y las advertencias?, ¿quién toleró que la educación pública se convirtiera en un laboratorio ideológico?
Un funcionario no se sostiene solo. Se sostiene porque hay un aparato político que lo protege, porque hay superiores que miran hacia otro lado y porque hay un gobierno que prefiere la lealtad ideológica a la competencia profesional. Esa es la raíz del problema.
El episodio final, cuando se resistió a abandonar el cargo y convirtió su salida en un espectáculo, no fue una anécdota menor. Fue la confirmación de una conducta que durante años se había permitido: la convicción de que el puesto no era un encargo público, sino una propiedad personal.
Y, sin embargo, lo más grave no es la soberbia de un funcionario. Lo verdaderamente grave es la lentitud, la tolerancia y la complicidad de quienes debieron actuar mucho antes.
Resulta indignante que el gobierno haya tardado tanto tiempo en remover a un personaje cuya gestión era objeto de cuestionamientos generalizados desde hace años. Cuando finalmente se toman decisiones, el daño ya está hecho.
La educación pública no puede ser un experimento ideológico ni el campo de pruebas de teorías pedagógicas improvisadas. México necesita escuelas que enseñen a pensar, a comprender, a razonar, a construir. Necesita ciudadanos críticos, disciplinados y con bases morales firmes, no generaciones formadas en la confusión y la superficialidad.
Porque el daño educativo no se mide en un sexenio. Se mide en décadas. Y quienes hoy minimizan lo ocurrido deberían recordar una verdad elemental: destruir la calidad educativa toma pocos años; reconstruirla puede tomar una generación entera.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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