El huachicol fiscal es el mayor saqueo silencioso de nuestra era. No hace explosiones ni deja columnas de humo, pero ha desangrado a México con la precisión de un crimen de Estado. En las aduanas del país, bajo la bandera de la patria, opera un sistema de corrupción que roba cada día casi quinientos millones de pesos.
Y frente a este desastre económico y moral, el régimen centralista responde con una ley que calla. La reforma a la Ley Aduanera, presentada como un proyecto de modernización, ha decidido ignorar deliberadamente el corazón del problema: el huachicol fiscal. No lo nombra, no lo enfrenta, lo protege.
Durante los últimos cuatro años, más de 800 mil millones de pesos han desaparecido en las sombras del sistema aduanero, en un entramado donde mandos militares y altos funcionarios del gobierno de Morena se han vuelto parte de la maquinaria del robo. Este no es un delito común. Es una traición a la patria, ejecutada desde el poder, bajo el amparo del uniforme y la indiferencia del centralismo.
Ciudad Juárez, una de las fronteras más importantes del país, vive cada día las consecuencias de esta traición. Aquí, donde comienza y termina la economía nacional, el contrabando empobrece al Estado y destruye la competencia honesta de los productores del norte. La nueva Ley Aduanera no sólo ignora ese problema: lo institucionaliza, consolidando un modelo que premia la corrupción y castiga al trabajo.
El Senado tiene hoy un deber ineludible: rechazar esta reforma. No se puede modernizar una estructura podrida. No se puede hablar de soberanía mientras es el ejército quien saquea. No se puede hablar de justicia mientras se protege a los ladrones.
Por eso he impulsado una reforma para que el huachicol fiscal sea reconocido y castigado como lo que realmente es: un acto de traición a la patria. Porque quien roba al pueblo desde las aduanas no solo vacía las arcas, atenta contra la soberanía nacional, debilita al Estado y somete al país a los intereses del crimen y de la corrupción. No puede haber indulgencia ante quienes saquean la nación bajo el amparo del poder. Convertir el huachicol fiscal en un delito de traición a la patria es una obligación moral y una exigencia de justicia: un mensaje claro de que México no tolerará más el robo disfrazado de administración.
Desde Chihuahua lo decimos con claridad: La Ley Aduanera del régimen centralista protege el huachicol fiscal, por esto es nuestro deber, de los patriotas del norte, de quienes creemos en el trabajo y el esfuerzo como valores supremos para salir adelante, derribar esta Ley nacida de la colusión, del amasiato del poder.
Si el régimen centralista insiste en proteger el huachicol fiscal, será el pueblo del norte quien levante la voz por la justicia y la soberanía. No habrá patria posible mientras las aduanas sigan siendo botín del poder. El verdadero patriotismo no se grita, se defiende: cerrando el paso al saqueo, exigiendo cuentas, rompiendo el pacto del silencio.
Hoy, frente a quienes quieren institucionalizar el despojo y la impunidad, reafirmamos una verdad que el centro no podrá callar: el huachicol fiscal es traición a la patria, y la Ley Aduanera del régimen centralista ha decidido protegerlo. Pero desde el norte que no se rinde, seguiremos defendiendo a la Patria, incluso de su propio gobierno.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
