El grave problema de inseguridad ciudadana que vive nuestro país se constituye en un sistema orgánico, multidimensional y adaptado a un entorno que le permite permanecer, expandirse e intensificarse.
El fenómeno delincuencial en donde corporaciones criminales desafían seriamente al Estado y/o en el cual existe evidencia de su simbiosis o captura por parte de las mismas, está presente en prácticamente toda Latinoamérica.
En México las multimillonarias ganancias de los negocios ilícitos que hoy se manejan bajo los esquemas administrativos y logísticos de cualquier empresa multinacional han permitido la cooptación de operadores de los sistemas de seguridad y justicia, tomadores de decisiones y figuras de autoridad de los tres poderes y niveles de gobierno.
Lo anterior viene a ser la piedra angular de un sistema de inseguridad “exitoso”, sin la que ninguna organización delictiva hubiese podido enfrentar, desestabilizar y amenazar con efectividad a los Estados y/o sociedades establecidas.
En México la militarización de la seguridad pública va cronológicamente en paralelo a una reacción de militarización de la propia delincuencia organizada.
Esta dinámica indicaría un punto de no retorno, donde el sistema de inseguridad va a crecer y acentuarse cuando se percibe una desmovilización de las fuerzas del orden.
Si bien, es absolutamente cierto que las causas de la delincuencia están enraizadas en la dimensión social, es decir; en condiciones de pobreza, desempleo, marginación, barreras educativas, falta de vivienda y de otros satisfactores materiales; el sistema de inseguridad tiene además estos componentes:
Promoción de conductas y estilos de vida que normalizan los antivalores. Se crean modelos de vida a seguir falsamente orientados al dinero fácil, obtención de respeto y poder por medios ilícitos violentos que estimulan a los sectores más jóvenes a modas de consumo nocivas para la salud y moralmente denigrantes. Se mezclan elementos religiosos cada vez más oscuros y se proyectan “artistas” prefabricados como medio de propaganda.
Sistema penitenciario colapsado. Lo que debiera ser un sistema de reinserción social basado en la clasificación criminológica, los auténticos derechos humanos, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte; se convierte en cárceles donde a menudo lo último que gobierna es el Estado. La seguridad ciudadana comienza con centros penitenciarios en los que imperan sin distinciones el orden, la disciplina y el respeto por la autoridad legalmente establecida.
Economía criminal. Es una verdadera “bestia de muchas cabezas” que contrario a lo que se pensaría genera a largo plazo más pobreza y sufrimiento a las personas. Las ganancias ilícitas y el necesario lavado de activos nunca tendrán un límite y por ende se tratarán de maximizar con más delitos y mayor daño a la sociedad.
Mercados ilícitos. La oferta y demanda de cada vez más diversificados bienes y servicios fuera de la Ley hace posible que el crimen se fortalezca, se expanda, capture otras actividades económicas y gradualmente extraiga rentas de la población civil.
Descoordinación entre niveles de gobierno o entre corporaciones de seguridad y justicia. Los mecanismos, instrumentos y políticas institucionales se ven nulificados cuando los cuerpos policiales por razones diversas se bloquean, excluyen, ocultan información, simulan o son omisos a la demanda ciudadana.
No existe una estrategia multinacional contra el crimen. El fenómeno de crimen organizado que padece Latinoamérica implica que al limitarse los Estados en el mejor de los casos a perseguir y procesar a operadores “desechables” de la delincuencia dentro de sus países, se deja intocada a la estructura corporativa que funciona de manera transnacional.
El crimen aprovecha las nuevas tecnologías. La falta de regulación e intervención en las redes socio digitales, sin que esto implique la pérdida de libertades; además de la facilidad para adquirir dispositivos mortales e insumos ilegales, facilita la concreción de muchos y cada vez peores delitos y ciberdelitos.
Al observar estos componentes no limitativos de un sistema de inseguridad incrustado en el entorno económico, político y social de México y otros países latinoamericanos, podemos dimensionar el problema y actuar en consecuencia. Debemos ser parte de la solución.
“El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho;
y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho.”
(Lucas 16:10)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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