Cuando la autoridad multa… pero no gobierna
En la memoria colectiva mexicana, La Ley de Herodes no es solo una sátira política: es un espejo incómodo.
La frase ” te chingas o te jodes” sintetiza un modelo de poder donde la autoridad, incapaz de gobernar con eficiencia, recurre a la imposición, la sanción y el abuso como sustituto de la gestión pública.
Hoy, en Ciudad Juárez, esa analogía deja de ser cinematográfica para convertirse en una realidad cotidiana.
En los últimos meses, el ciudadano juarense ha sido objeto de una creciente ola de multas y sanciones que, en el papel, buscan ordenar la vida urbana.
Se sanciona tirar basura en la vía pública, no mantener limpio el frente de la vivienda, no podar árboles, sacar escombro sin permiso, vender alimentos sin regulación, obstruir banquetas, circular con distracciones al volante como usar el celular o manejar con una sola mano, e incluso el abandono o maltrato animal.
La lista crece y se endurece.
Pero la pregunta de fondo no es si estas normas son necesarias; muchas lo son, sino si existe un piso parejo para exigirlas.
El problema es estructural; la autoridad exige lo que no garantiza.
Se multa por tirar basura, pero amplias zonas de la ciudad carecen de recolección eficiente o de infraestructura adecuada para disposición final.
Se castiga por no mantener limpia la banqueta cuando hay colonias sin pavimentación.
Se sanciona por irregularidades vehiculares en vialidades que parecen zonas de guerra, llenas de baches, sin señalización ni mantenimiento.
Se penaliza el abandono de mascotas mientras proliferan jaurías en distintos sectores, evidencia clara de una política pública insuficiente en control animal.
La contradicción es evidente; el ciudadano es el único sujeto plenamente sancionable, mientras que el Estado, en sus distintos niveles, parece operar bajo un régimen de impunidad funcional.
¿Dónde están las multas para las dependencias que incumplen con la recolección de basura? ¿Cuáles son las sanciones administrativas por obras mal ejecutadas o vialidades deterioradas? ¿Quién responde por los parques abandonados, por la falta de alumbrado público o por los servicios colapsados?
La ley existe, pero su aplicación es selectiva.
Este modelo punitivo genera un efecto perverso; desgasta la legitimidad de la autoridad.
Cuando el ciudadano percibe que las reglas no son equitativas, la norma deja de ser un instrumento de orden y se convierte en un mecanismo de recaudación.
La multa ya no educa ni corrige; simplemente castiga.
Y en ese contexto, el cumplimiento deja de ser un acto de responsabilidad cívica para convertirse en una imposición bajo amenaza.
Más grave aún, esta dinámica profundiza la brecha entre gobierno y sociedad.
En lugar de construir corresponsabilidad, donde el ciudadano cumple y la autoridad garantiza, se consolida un esquema de confrontación.
La ciudad no mejora a golpe de sanciones, sino mediante políticas públicas integrales; infraestructura digna, servicios eficientes, programas de prevención, educación cívica y transparencia en la gestión.
La verdadera pregunta es incómoda pero necesaria; ¿quién vigila al vigilante?
En un sistema democrático, la ley debe ser un instrumento de equilibrio, no de abuso.
Si el gobierno exige orden, debe empezar por garantizar condiciones mínimas para cumplirlo.
De lo contrario, Juárez seguirá atrapada en su propia versión de la “Ley de Herodes”; una ciudad donde la autoridad sanciona todo… menos sus propias fallas.
Porque al final, el problema no es que haya reglas.
El problema es que, en Juárez, las reglas parecen hechas solo para unos y no para todos.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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