Durante años, Javier Corral Jurado construyó su identidad pública sobre una palabra: corrupción. No la suya, claro está, sino la ajena.
Fue el gobernador que prometió limpiar Chihuahua, el que persiguió a su antecesor, el que habló de dignidad republicana y de castigar a los intocables. Esa narrativa le dio poder, reflectores y estatura nacional.
Hoy, esa misma narrativa se le ha vuelto espejo.
Corral no es un perseguido político, como algunos quieren presentarlo. Tampoco es —todavía— un sentenciado. Es algo más incómodo para el sistema: un acusado que no ha podido ser llevado ante un juez, no por falta de señalamientos, sino por una mezcla tóxica de tecnicismos jurídicos y protección política.
El expediente existe.
La acusación también.
Lo que no existe es la consecuencia.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sostiene que durante el sexenio de Corral se desviaron 98.6 millones de pesos mediante un esquema queencuadra en el delito de peculado. No es una cifra menor. No es una falta administrativa. Es un señalamiento grave, documentado, y por eso mismo incómodo.
Sin embargo, el caso se encuentra atrapado en una discusión que, para el ciudadano común, suena a excusa: ¿los recursos eran estatales o federales? Ahí está el nudo.
Si los recursos son estatales, Chihuahua puede juzgar.
Si hay recursos federales, la Federación podría atraer el caso.
Y mientras los abogados discuten el origen del dinero, el tiempo corre a favor del acusado.
Este es el punto donde la justicia deja de ser abstracta y se vuelve política. Porque Corral, al concluir su mandato, no se retiró a la vida privada ni enfrentó el proceso como cualquier ciudadano. Fue recibido por Morena, el partido en el poder, y convertido en senador, con todo lo que eso implica: fuero constitucional y un escudo institucional que no absuelve, pero sí frena.
Morena no inventó el fuero, pero lo administra con precisión quirúrgica. Y en este caso, lo ha hecho funcionar como un dique: el expediente no avanza, la orden de aprehensión no se ejecuta y el acusado sigue recorriendo foros, opinando de política y hablando de ética pública.
Mientras tanto, la Fiscalía estatal insiste en algo fundamental: el caso no está cerrado. El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, ha dicho con claridad que no están obligados a entregar la carpeta a la Federación, que existe una suspensión definitiva que protege el interés de la sociedad chihuahuense y que agotarán todas las instancias legales, incluso acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto merece subrayarse: la Fiscalía de Chihuahua no se ha doblado ni ha archivado el caso. Pero la pregunta de fondo no es jurídica. Es moral y política.
¿Puede un sistema que se dice anticorrupción permitir que uno de los suyos evada la justicia indefinidamente?
¿Puede Morena seguir hablando de transformación mientras protege a un exgobernador acusado de peculado?
¿Puede Javier Corral seguir presentándose como referente ético sin enfrentar un proceso judicial pleno?
La respuesta no está en los tribunales, sino en la percepción social.
Porque para la ciudadanía, el mensaje es devastador: la justicia sí existe, pero camina lento cuando el acusado está bien conectado. Y eso erosiona algo más grave que un expediente: la confianza.
Este caso también exhibe otro problema estructural: el diseño de un sistema donde los delitos financieros se enredan en competencias, jurisdicciones y amparos hasta perderse en el laberinto legal. No es que no haya leyes; es que hay demasiadas rendijas para escapar.
Lo más probable, a corto plazo, es que el caso siga atorado. Que se acumulen recursos, que la Suprema Corte tarde en pronunciarse y que Corral continúe protegido por el manto del Senado. Ese es el escenario realista, no el deseable.
Pero hay algo que no ha ocurrido, y eso también pesa: la exoneración.
Nadie ha dicho que Corral es inocente.
Nadie ha cerrado el expediente.
Nadie ha limpiado su nombre en un juicio.
Y en política, como en la vida, lo que no se aclara, se pudre.
El caso Javier Corral es hoy un recordatorio incómodo de que la corrupción no siempre se combate con discursos, sino con consecuencias. Y de que el verdadero examen para un régimen no es perseguir a los adversarios, sino permitir que la justicia alcance a los aliados.
Mientras eso no ocurra, el expediente seguirá ahí: abierto, incómodo y esperando. No por venganza. Por coherencia.
Porque en democracia, nadie debería ser intocable, ni siquiera quien alguna vez prometió tocar a todos. Y eso es, El Meollo del Asunto.
Daniel E. Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
