Las redes sociales nacieron con una promesa casi utópica: ser las nuevas plazas públicas globales. Su capacidad para acortar distancias y reencontrar afectos fue solo el principio. Su verdadero poder disruptivo fue democratizar la denuncia, dándole una voz a los silenciados y recordándole al mundo que nadie es intocable. Ese logro es innegable. Sin embargo, como ocurre con las herramientas más poderosas, su uso ha desdibujado la línea entre la justicia ciudadana y el ensañamiento colectivo. El puente se ha transformado, con demasiada frecuencia, en un patíbulo digital.
Vivimos en la era de un tribunal invisible, sin códigos procesales ni jueces imparciales, donde cada usuario se erige con la potestad moral para señalar, acusar y sentenciar. Ya no se trata solo de exponer conductas delictivas o perniciosas, sino de condenar lo subjetivo: la opinión incómoda, el error humano o el chiste fallido. La amenaza no es la cárcel, sino la expulsión social; la pena no es la multa, sino el linchamiento simbólico. Este temor a la hoguera virtual ha infectado la espontaneidad, llenando nuestros muros de discursos calculados para no rebasar la movediza frontera de lo correcto.
Pensemos en un caso hipotético que ya es un arquetipo. Una persona comparte en un círculo privado un video casero opinando con desenfado sobre un tema trivial. En horas, el clip es extraído de su contexto y viralizado. Los comentarios escalan de la burla a la humillación. No hay diálogo, ni el más mínimo intento por comprender. Solo una sentencia inapelable dictada por la turba: “merece ser cancelada”. Y así, la vida de un anónimo se convierte en el espectáculo efímero del día, planteando una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe pagar un ciudadano común por un error en redes?
El problema de fondo es que confundimos la justicia con la venganza emocional. Olvidamos una máxima fundamental: la crítica que busca construir se ejerce con respeto; la que nace solo del odio busca la humillación. En las redes, sin embargo, la lógica parece invertida: a mayor virulencia, mayor aplauso. La empatía, ese músculo esencial de la convivencia, se atrofia detrás de una pantalla que nos concede el espejismo del anonimato y nos exime de la obligación de mirar al otro como a un igual.
Esta dinámica no solo devasta a quien es blanco del ataque; también empobrece nuestra conversación. Este pánico al juicio sumario explica por qué el paisaje digital se puebla de influencers de vidas perfectas mientras el ciudadano común se aterra cada vez más a mostrar su vulnerabilidad. Hemos aprendido por la fuerza que un error, una opinión impopular o un momento de fragilidad pueden convertirse en munición para nuestra propia lapidación simbólica. La autenticidad se ha vuelto un artículo de lujo, o de riesgo extremo.
El desafío es monumental: rescatar nuestras plazas digitales de su deriva como tribunales de la ira sin anular su poder como herramientas de control ciudadano. Esto exige recuperar hábitos básicos: dialogar para entender, no solo para rebatir; verificar antes de compartir, y asumir que la libertad de expresión es inseparable de la responsabilidad. No se trata de erradicar la crítica, que es un pilar democrático, sino de separar la denuncia legítima del linchamiento gratuito. Porque si renunciamos a la proporción y la empatía, habremos perdido algo que, a diferencia de un post, no se puede editar ni borrar.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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