La lucha contra la corrupción ha sido uno de los temas más recurrentes en la política mexicana. A lo largo de los años, distintos gobiernos federales han prometido enfrentarla, pero los resultados han sido limitados y, en muchos casos, selectivos. Las investigaciones solían dirigirse a adversarios políticos o a funcionarios de menor rango, mientras que las redes de poder más altas permanecían intactas.
En este contexto, resulta significativa la postura del actual gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado en múltiples ocasiones que Esta frase resume una nueva visión en la que no se establecen excepciones ni se toleran pactos de impunidad.
A diferencia de administraciones anteriores, donde la protección de aliados políticos y económicos era una constante, hoy toda investigación por posibles actos de corrupción o delitos, cometidos por integrantes del propio gobierno o por personajes cercanos a él, llegará “hasta donde tope”. se observa un seguimiento puntual de las denuncias y procesos judiciales. La consigna es clara: sin importar el cargo, la cercanía con el poder o la trayectoria dentro del movimiento, los presuntos responsables deberán enfrentar a la justicia. Ello no solo fortalece la credibilidad de las instituciones, sino que también envía un mensaje inequívoco de que la corrupción no será tolerada en ninguna de sus formas.
Este cambio contrasta con experiencias recientes en gobiernos estatales, como el de Chihuahua, donde los casos de corrupción y desvío de recursos se trataron con una lógica distinta. Aquí, en nuestro
Estado, las investigaciones fueron selectivas y utilizadas como herramienta política, lo que ha debilitado la confianza ciudadana y generado una percepción de justicia parcial.
La actual administración federal marca distancia de esas prácticas. Más allá del discurso, la diferencia radica en el compromiso de abrir expedientes y dar cauce legal a las denuncias, sin importar las consecuencias políticas. Es un proceso que exige tiempo, pero que ya refleja un nuevo paradigma: la corrupción no se combate solo con declaraciones, sino con instituciones sólidas, autonomía en la procuración de justicia y voluntad de llegar hasta el fondo.
La ciudadanía, acostumbrada a la impunidad histórica, observa con cautela este esfuerzo. El reto es enorme, pues no basta con emprender investigaciones, sino que estas deben culminar en sanciones efectivas que consoliden la confianza en el Estado de derecho. Sin embargo, es claro que la postura adoptada por la presidenta Sheinbaum representa un punto de inflexión respecto a gobiernos anteriores.
La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Que el gobierno federal asuma la responsabilidad de combatirla sin distinciones es un paso decisivo hacia la consolidación de una democracia más justa y transparente. El mensaje es claro: quien infrinja la ley, sea funcionario, aliado o adversario, deberá rendir cuentas.
Pedro Torres
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
