El hartazgo del sector primario mexicano ya no es un síntoma aislado: es una señal estructural de una economía que ha dejado de priorizar su base productiva. Las recientes convocatorias a paro nacional por parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) no surgen de la nada; son la consecuencia directa de años de abandono, distorsiones de mercado y decisiones públicas que han debilitado la soberanía alimentaria del país.
Las exigencias del campo son claras y, más importante aún, legítimas: precios justos, acceso a tecnología, seguridad, financiamiento razonable y condiciones mínimas para producir. Hoy, producir alimentos en México implica operar con márgenes negativos. Según datos del propio sector agrícola y organismos como el SIAP, en muchos cultivos básicos el precio pagado al productor no cubre los costos de producción, lo que empuja a miles de campesinos a abandonar la actividad o a endeudarse de forma insostenible.
El problema no es menor, México importa cerca del 40% de los alimentos que consume, incluyendo granos estratégicos como maíz amarillo, trigo y arroz. Esta dependencia no solo vulnera la seguridad alimentaria, sino que también expone al país a choques externos de precios y a decisiones geopolíticas que no controla. Mientras tanto, el productor nacional compite en condiciones desiguales frente a importaciones subsidiadas en sus países de origen.
A esto se suma un entorno adverso: costos elevados de insumos, acceso limitado a agua tecnificada, inseguridad en zonas rurales y un sistema financiero que, en muchos casos, opera bajo esquemas cercanos a la usura. El diesel agrícola, lejos de ser un apoyo, se ha convertido en un factor de presión adicional por la carga fiscal que implica. Sin embargo, el impacto ya no se queda en el campo.
En la frontera, estas tensiones adquieren una dimensión crítica, las ciudades fronterizas, altamente dependientes del flujo logístico y comercial, son particularmente vulnerables a bloqueos carreteros y cierres en cruces internacionales. Ya lo hemos vivido: inspecciones más estrictas por parte de Estados Unidos —bajo el argumento del control migratorio y del combate al fentanilo— han generado filas kilométricas y pérdidas millonarias para la industria exportadora; a esto se suman los bloqueos internos por parte de transportistas y productores.
Cada interrupción en la cadena logística golpea directamente a la maquila, al comercio y a los servicios. En ciudades como Acuña, donde la economía depende de la fluidez del cruce fronterizo, un cierre más no sería una protesta: sería una estocada final.
Lo más preocupante es el vacío institucional. Por un lado, los organismos empresariales nacionales reconocen la legitimidad de las demandas, pero su postura se limita a exhortos sin presión real ni propuestas estructurales. Por otro, el gobierno federal minimiza el problema, señalando que no hay razones para las manifestaciones. Esta desconexión entre la realidad productiva y el discurso oficial solo profundiza el conflicto.
Pero el problema no es exclusivo del campo, la industria enfrenta costos crecientes, sobrerregulación y menor competitividad. Las PYMES operan con márgenes cada vez más estrechos y acceso limitado a financiamiento. El comercio enfrenta cadenas de pago largas y condiciones asimétricas frente a grandes corporativos. Es decir, el desgaste es sistémico, México no está produciendo más: está resistiendo más.
Y cuando todos los sectores productivos comienzan a compartir las mismas problemáticas —costos altos, baja rentabilidad, presión fiscal y falta de incentivos— el problema deja de ser sectorial y se convierte en un riesgo económico nacional.
La idea de un paro general del sector productivo puede parecer radical, pero refleja el nivel de desesperación acumulada. No se trata de promover la confrontación, sino de reconocer que el modelo actual está agotado para quienes producen, generan empleo y sostienen la economía real.
La pregunta no es si habrá más bloqueos, la pregunta es cuánto más puede resistir la frontera —y el país— antes de que la falta de soluciones estructurales termine por paralizar lo que aún funciona. Porque cuando producir deja de ser viable, no hay política social que alcance para sostener lo insostenible.
Thor Salayandia
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
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