La sangre corre en Guadalupe y Calvo; el brillo reluce en la capital. Dos notas, un mismo estado, y una pregunta incómoda: ¿para quién se gobierna?
En el corazón serrano de Chihuahua, en Guadalupe y Calvo, la violencia no es una cifra ni un encabezado efímero: es carne, llanto y ausencia. Recientemente, una niña de 14 años, Kenia Anayeli, fue hallada sin vida tras ser privada de la libertad por hombres armados en la comunidad de Yerbas del rancho El Indio. Día tras día, familias completas huyen de sus hogares en medio de una ola de violencia que no da tregua y que —a pesar de las múltiples mesas de seguridad convocadas por el gobierno estatal— sigue cobrando vidas inocentes.
En este mismo escenario, las estructuras que debieran proteger a quienes más lo necesitan —la infraestructura estratégica del estado, como la Plataforma Centinela — se han convertido en símbolos iluminados para la foto oficial, en certificaciones de relumbrón para discursos políticos y en motivos de “orgullo” para quienes hoy custodian más sus privilegios que la integridad ciudadana. La retórica de “proteger y servir” choca de frente con la cruda realidad de comunidades arrasadas por el crimen, donde mujeres, niñas y jóvenes ven vulnerada su integridad y su futuro.
Mientras la violencia arremete sin piedad, hay otra imagen que golpea y escupe sobre la memoria de Kenia y de tantos otros: la mansión dorada que se atribuye a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván. Una residencia de más de mil 800 metros cuadrados con acabados lujosos y, según las investigaciones periodísticas, presuntos vínculos con redes políticas y financieras asociadas a administraciones pasadas. El reportaje detalla las características opulentas de la propiedad y plantea interrogantes sobre el origen de los recursos que la sostienen.
No es un contraste menor. Es el retrato de un gobierno que, en plena crisis de seguridad, parece dedicar más recursos —o al menos más atención política y mediática— a la exhibición de estatus urbano y riqueza personal que a garantizar la vida. Mientras comunidades enteras sufren desplazamientos forzados y ejecuciones, la construcción de una mansión vinculada simbólicamente a la red política que se tejió durante años en Chihuahua y que ha sido objeto de señalamientos por corrupción y desvíos que regresa planteando preguntas terribles sobre prioridades y justicia.
Esto no es una crítica menor ni un lamento estéril; es una acusación ética: ¿cómo puede aspirar un gobierno a ser protector de la ciudadanía cuando el dolor de una niña ejecutada no genera respuestas tangibles, pero la foto de una residencia ostentosa se reproduce como trofeo? ¿Cómo sostener discursos de combate a la violencia cuando las herramientas concretas no alcanzan para poner a salvo a quienes más lo necesitan? ¿Hasta qué punto se ha convertido la seguridad en mercancía de escaparate?
La tragedia de Kenia Anayeli no debe ser el dato moroso de una nota de prensa: debe ser la piedra de toque que revele la impotencia de un Estado que no puede garantizar el bien más elemental: la vida. Esa exigencia mínima se vuelve todavía más urgente cuando se contrasta con la opulencia de una residencia que, aunque haya sido heredada o declarada, está envuelta en un halo de privilegio intolerable en un contexto donde cada día se cuentan cuerpos, desapariciones y desplazamientos.
Si el gobierno estatal no puede ofrecer seguridad y justicia, si los sistemas de protección y plataformas tecnológicas no logran detener la violencia que nos arrebata niñas, niños y adultos, entonces ¿para quién gobierna realmente? Porque no hay póster oficial que tape el llanto de una familia quebrada, ni declaración institucional que justifique la brutalidad de una niña ejecutada a balazos mientras se celebraban mesas de seguridad en esas mismas tierras, irónicamente con la gobernadora encabezándola.
Y no se trata solo de acusar: se trata de exigir cuentas. La sociedad chihuahuense merece respuestas reales, no espejismos de “seguridad” que solo brillan en discursos y cifras infladas. Exige un Estado que priorice la vida de sus habitantes por encima de los lujos y privilegios de su clase política.
Porque si el valor de la vida de una niña como Kenia es menor que el de una fachada dorada, entonces hemos perdido la brújula moral como comunidad y como Estado.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
