Ciudad Juárez no olvida. No puede. La noche del 27 de marzo de 2023 quedó tatuada en la memoria colectiva como una de las páginas más oscuras de la política migratoria mexicana.
En una estación del Instituto Nacional de Migración, más de 40 personas migrantes murieron calcinadas mientras estaban bajo custodia del Estado. No fue una tragedia natural, fue una tragedia institucional.
Los videos lo mostraron todo: hombres encerrados, golpeando una puerta, suplicando que se abriera mientras el humo y el fuego avanzaban. Del otro lado, servidores públicos que se retiraron. Nadie abrió. Nadie actuó. Nadie salvó vidas.
En ese momento, el Instituto Nacional de Migración estaba encabezado por Francisco Garduño. Él era el responsable máximo de la institución que tenía bajo su resguardo a esas personas. No se trataba de una falla menor, sino de una omisión con consecuencias mortales.
El Estado tenía el control, el Estado tenía la llave y el Estado falló.
El incendio evidenció lo que por años se denunció: estaciones migratorias funcionando como centros de detención punitiva, sin protocolos adecuados de protección civil, sin capacitación, sin una visión humanitaria real. Personas privadas de la libertad por una falta administrativa, tratadas como desechables.
A más de un año de la tragedia, las familias siguen esperando justicia. Y mientras Ciudad Juárez carga con el duelo, el mensaje desde el poder es otro. Francisco Garduño no solo no fue retirado de la vida pública, sino que recientemente recibió un nuevo nombramiento federal: fue designado Director General de los Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública.
Sí, el mismo funcionario que encabezaba el INM cuando murieron más de 40 migrantes bajo custodia del Estado, hoy ocupa un cargo directivo en la SEP. No hay una disculpa pública suficiente. No hay una asunción clara de responsabilidad política. Hay, en cambio, un premio administrativo.
El mensaje es devastador: en México, incluso una tragedia de esta magnitud no impide ascender dentro del aparato gubernamental. La impunidad no solo protege, también recicla funcionarios. Cambia de dependencia, cambia de escritorio, pero no rinde cuentas.
No se trata de linchamiento, se trata de responsabilidad política y memoria. Un Estado democrático no puede normalizar que decenas de personas mueran encerradas por sus autoridades y que el responsable institucional continúe su carrera como si nada hubiera ocurrido. Cuando no hay consecuencias, el dolor se convierte en estadística y la tragedia en anécdota.
Ciudad Juárez no está pidiendo venganza. Está exigiendo verdad, justicia y coherencia. Porque mientras aquí seguimos contando muertos y esperando respuestas, en la Ciudad de México se reparten nombramientos.
Ni perdón automático. Ni olvido conveniente.
Porque cuando el Estado encierra, el Estado responde.
Y cuando el Estado premia la omisión, la historia toma nota.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
