Por más técnica que parezca, la discusión sobre elevar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4% no es un tema contable; es un debate de futuro. Afecta directamente el empleo, la competitividad, el desarrollo urbano y el bolsillo de cientos de miles de familias juarenses. Ignorarlo sería irresponsable.
El gobierno estatal calcula, según propuestas que se han ventilado en el paquete fiscal, una recaudación adicional cercana a 2,400 millones de pesos para todo Chihuahua.
De ese monto, Ciudad Juárez, por su peso económico y demográfico, aportaría entre 882 y 1,062 millones de pesos adicionales.
En simple; un tercio de todo el esfuerzo recaudatorio caería sobre esta frontera.
La cifra no es menor. Juárez representa más del 44% del PIB estatal; su industria maquiladora, su base manufacturera, su comercio y sus servicios sostienen buena parte de la economía chihuahuense. Bajo ese criterio, la aportación juarense al incremento del ISN rondaría los 1,062 millones de pesos anuales.
Si se repartiera por población, la carga sería de aproximadamente 882 millones.
Cualquiera de los dos escenarios es significativo: la ciudad cargaría con un peso fiscal que no es simbólico, sino estructural.
Traducido al terreno laboral, la implicación es directa; ese aumento equivaldría a unos 2,445 pesos adicionales al año por cada trabajador formal, algo así como 204 pesos mensuales que las empresas deberán absorber.
Para compañías grandes quizá sea manejable; para miles de pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes limitados y pagan rentas, energía, insumos y salarios cada vez más altos puede significar la diferencia entre contratar o congelar plazas, crecer o resistir, invertir o recortar.
Los efectos sociales son evidentes aunque se hablen poco.
-A mayor costo laboral, mayor presión para;
-Reducir contrataciones o evitar nuevas plazas.
-Trasladar empresas a informalidad parcial o total.
-Frenar aumentos salariales o recortar prestaciones.
-Ajustar precios, elevando el costo de vida para los consumidores.
En una ciudad donde más de 430 mil personas dependen de un empleo formal, incrementar el ISN sin medidas de amortiguamiento no solo golpea la competitividad; golpea a las familias.
Ahora bien, también es cierto que Juárez arrastra rezagos urbanos profundos; baches, drenaje colapsado, alumbrado insuficiente, infraestructura industrial saturada y colonias enteras sin servicios adecuados.
Si los 1,062 millones se invirtieran con rigor, transparencia y planeación, podrían traducirse en obras urgentes; vialidades claves, rehabilitación de infraestructura hidráulica, movilidad inteligente, alumbrado, recuperación de espacios públicos, transporte más eficiente. Ese es el argumento del Estado; recaudar más para invertir más.
Pero aquí está el verdadero dilema: ¿qué garantía existe de que esos recursos llegarán a donde se necesitan? Juárez tiene memoria.
Ha aportado más de lo que recibe por décadas.
El riesgo de que este nuevo esfuerzo fiscal termine diluido entre burocracia, consultorías, sobrecostos u obras sin impacto es real.
Y no se trata solo de obra. Se trata de certeza. Ninguna empresa local o extranjera confía en un entorno que castiga el empleo formal y al mismo tiempo no muestra resultados urbanos visibles.
La mezcla de carga fiscal + rezagos urbanos + falta de claridad puede debilitar la confianza del inversionista y retrasar nuevos proyectos industriales o comerciales.
Juárez no puede darse ese lujo.
Por eso es indispensable que, antes de subir un solo punto de impuesto, el gobierno estatal presente:
-Un plan detallado de obras, con montos, responsables y fechas.
-Un esquema de transparencia trimestral, con auditorías públicas y participación ciudadana.
-Incentivos o exenciones temporales para pymes, las más vulnerables al incremento.
-Mecanismos de compensación al empleo, para evitar fugas a la informalidad.
-Repartición proporcional de la inversión, garantizando que Juárez reciba lo que aportará.
Es fácil anunciar un incremento.
Es difícil justificarlo.
Y es casi imposible sostenerlo si la ciudadanía no ve resultados tangibles.
Subir el ISN sin garantías es cobrarle más a quien sostiene la economía y devolverle menos a la ciudad que más lo necesita.
Si Juárez va a pagar más de 1,000 millones adicionales, tiene derecho a exigir un retorno concreto: calles reparadas, drenaje funcional, seguridad urbana y obras visibles.
De lo contrario, no será un impuesto para el desarrollo… será un impuesto al futuro de Juárez.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
