La reforma electoral vuelve a la mesa como esas discusiones familiares que nadie quiere, pero todos necesitamos tener. No es un tema técnico para especialistas con calculadora, es el plano estructural de la casa donde vivimos políticamente. Y si la casa cruje, no es momento de ahorrar en cemento.
Empiezo por lo que sí considero un avance: los plurinominales de prelación. En Chihuahua ya sucede algo que vale la pena defender: cuando los llamados “mejores perdedores”, también pueden llegar al Congreso. Es una figura que reconoce competencia real en las urnas. No se trata de premiar la derrota, sino de evitar que cientos de miles de votos se evaporen como si nunca hubieran existido, porque cuando un candidato pierde por margen estrecho, pero logra respaldo significativo, ese respaldo merece representación.
Los “pluris” de prelación equilibran el tablero. Obligan a los partidos a postular perfiles competitivos en territorio, no solo a amigos de escritorio. La representación proporcional bien diseñada es un contrapeso, no un privilegio. Y en tiempos donde la polarización convierte cada elección en batalla campal, contar con voces que llegaron por voto real, aunque no hayan ganado el distrito, fortalece la pluralidad.
Ahora bien, no toda figura que se cobija bajo el concepto de representación proporcional debe asumirse como incuestionable. Hay diferencias de fondo entre mecanismos que rescatan votos reales y aquellos que permiten llegar al cargo sin haber pasado por el escrutinio directo de la ciudadanía. Por eso considero que los senadores de lista nacional deben desaparecer. Resulta difícil sostener ante la opinión pública que alguien pueda ocupar un escaño en la Cámara alta sin haber recorrido un estado, sin haber contrastado propuestas en territorio, sin haber pedido el voto de frente.
Ejemplos como el de Javier Corral ilustran cómo este modelo puede generar una percepción de desconexión entre representante y representados. El Senado está diseñado como una cámara de representación territorial, no como un espacio de acomodos partidistas. Su legitimidad descansa en el vínculo con los estados, en la idea de que quien se sienta ahí lo hace respaldado por una comunidad concreta. Cuando ese vínculo no existe, el cargo puede ser legal, pero pierde fuerza simbólica y política. Y en democracia, la legitimidad no solo se construye con normas, sino con cercanía y respaldo ciudadano.
También respaldo la reducción de regidores. Los cabildos se han convertido en ocasiones en mesas largas donde hay demasiadas sillas y pocas decisiones. Reducir su número puede traducirse en mayor eficiencia y menor dispersión de responsabilidades. Menos voces no significa menos democracia, si las reglas de fiscalización y debate son firmes. Achicar la cantidad, significa evitar burocracia ornamental.
Donde no coincido es en el recorte presupuestal en la organización de los procesos electorales bajo la bandera del ahorro. El costo de la democracia no es un gasto suntuario. Es inversión en árbitros imparciales, en padrones confiables, en capacitación ciudadana, en conteos transparentes. Cuando se debilita financieramente a las instituciones electorales, se debilita la certeza y la incertidumbre es gasolina para la sospecha.
Resulta contradictorio que la reforma exija austeridad al sistema electoral mientras que el gobierno gasta a manos llenas en estructuras paralelas y operadores políticos disfrazados de programas sociales: los llamados “siervos de la nación”. Si el argumento es ahorrar, que sea parejo. Porque si el argumento que se enarbola es fortalecer la democracia, entonces no se le recorta oxígeno al árbitro, mientras el jugador amplía su banca.
La discusión no debería centrarse en cuánto cuesta la democracia, sino cuánto nos costaría perderla. Una elección mal organizada no es solo un error administrativo, es una grieta en la legitimidad del poder. Y cuando la legitimidad se fractura, la estabilidad política se vuelve de cristal. La democracia no es barata, ni debe serlo. Es el seguro colectivo que pagamos para que nadie juegue en solitario con las reglas.
Ajustar la casa sin tumbar los cimientos implica tener claridad sobre qué estorba y qué sostiene. Podemos reducir regidores, eliminar listas que no representan territorio y perfeccionar la fórmula de los “pluris” con votos reales. Lo que no podemos permitir es debilitar al árbitro bajo el disfraz del ahorro, mientras el poder expande sus propios mecanismos de operación. La democracia no se fortalece quitándole recursos a quien organiza la contienda, sino garantizando reglas parejas para todos. Reformar sí; desmontar, no. Porque cuando se tocan los cimientos por conveniencia política, lo que se pone en riesgo no es un cargo, si no la estabilidad del país.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
