El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ubicado en Toluca, ha realizado un avance significativo en el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico. Esta innovación se dio en el contexto de una controversia relacionada con el monto de una garantía exigida para presentar un amparo ante el Registro Público de Propiedad. La resolución del tribunal ha marcado un precedente en la integración de tecnologías avanzadas en la administración de justicia.
Toluca, Estado de México (ADN/Staff) .- El caso en cuestión surgió a raíz de una queja por la falta de consideración de dos terrenos dentro de una herencia. Un juez había fijado un monto de garantía de 50,000 pesos (aproximadamente 2,666 dólares) por cada predio, pero no justificó adecuadamente su decisión. Ante esta situación, el magistrado Juan Jaime González decidió recurrir a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México (Banxico) para fundamentar su resolución.
González analizó diversos factores, incluyendo el valor del inmueble en litigio, la inflación proyectada, la tasa de interés interbancaria y la duración estimada del juicio. Esta metodología no solo permitió una revisión más justa del caso, sino que también sentó las bases para el uso responsable de la IA en el ámbito judicial. La sentencia subraya que la IA puede ser una herramienta valiosa para funciones técnicas, como el cálculo de garantías y pensiones, sin reemplazar la interpretación jurídica ni el juicio del juez.
El magistrado Juan Carlos Ortega destacó que esta es la primera vez que se incorpora la IA en la función jurisdiccional de manera adecuada, con directrices éticas que han sido reconocidas por la UNESCO. Ortega enfatizó que la IA debe ser vista como un asistente que ayuda a realizar cálculos, siempre manteniendo el control humano y la supervisión en todo momento. Esta perspectiva es crucial para garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y transparente.
Además, el tribunal ha establecido principios para el uso ético, transparente y responsable de la IA, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos judiciales. Cualquier juez que decida utilizar la IA deberá declararlo explícitamente y justificar su método, lo que refuerza la importancia de la rendición de cuentas en el uso de tecnologías avanzadas.
La integración de la inteligencia artificial en el sistema judicial mexicano podría abrir nuevas posibilidades para la mejora de la eficiencia y la equidad en los procesos legales. Sin embargo, es fundamental que se continúe desarrollando un marco normativo que regule su uso, garantizando así que la tecnología sirva como un apoyo y no como un sustituto del juicio humano en la toma de decisiones.
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