Deudos protestan por liberación del propietario y piden renuncia del fiscal de la Zona Norte
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Familiares de las 386 personas cuyos cuerpos fueron localizados en el crematorio Plenitud en 2025 solicitaron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que un juez federal ordenara la liberación de José Luis A. C., propietario del establecimiento.
A través de una carta pública difundida este sábado, el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos manifestó su inconformidad por la resolución judicial que derivó en el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez Héctor Josué de Luna León, lo que permitió que el imputado abandonara el penal de esta frontera la noche del viernes.
El caso se remonta al 26 de junio de 2025, cuando una denuncia por olores fétidos llevó a autoridades a inspeccionar el inmueble, donde fueron localizados 386 cadáveres apilados, pese a que los servicios contratados establecían su cremación. De acuerdo con la investigación inicial de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, las familias habían recibido urnas con supuestas cenizas de sus seres queridos.
Tras el hallazgo, la representación social imputó al propietario por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad. Sin embargo, la resolución federal modificó el curso del proceso penal.
En la misiva dirigida también a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el colectivo calificó el hallazgo como una afrenta a la dignidad humana.
“El hallazgo de cuerpos apilados, arrumbados como desechos, en condiciones indignas y entre ratas, constituye una afrenta a la memoria de nuestros seres queridos y a la dignidad humana”.
Los deudos señalaron además presuntas omisiones y falta de capacidad jurídica por parte del titular de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y solicitaron su renuncia inmediata. Entre sus exigencias se encuentra la intervención directa del Gobierno federal para reabrir y fortalecer el caso, garantías de reparación integral para las familias, así como una supervisión nacional de los servicios funerarios y crematorios para evitar la repetición de hechos similares.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho”.
El caso del crematorio Plenitud generó en 2025 uno de los episodios más sensibles en materia de manejo forense y servicios funerarios en la frontera, en un contexto donde la regulación y supervisión de estos establecimientos ha sido cuestionada por colectivos y organizaciones civiles.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.
Síguenos en nuestras redes sociales.
