A veces una institución no necesita discursos para revelar sus prioridades, basta observar qué ocurre cuando un tribunal le ordena abrir una puerta y la Institución escoge el desacato, la FGR, frente a Ayotzinapa.
Perturbador el caso del periodista Alberto Pradilla y el expediente de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después de años de litigio, llegó a la Suprema Corte. En junio de 2025, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la República entregar y publicar una versión pública de la investigación. Más de un año después, el expediente sigue sin hacerse público en los términos ordenados.
Una sentencia de la Suprema Corte no debería ser el principio de otro litigio para conseguir que una autoridad la cumpla, es la última instancia. Si después de ganar en tribunales todavía hay que recorrer otro laberinto para que la resolución se materialice, las sentencias y la justicia no tienen concordancia ni razón de ser en este país.
Ayotzinapa no es un expediente cualquiera. Se trata de la desaparición de 43 estudiantes y de una primera versión de los hechos severamente cuestionada y posteriormente en un silencio o complicidad faltando a las consignas de campaña. El ex Subsecretario Encinas incluso renunció ante la mordaza que el ex presidente AMLO le había colocado. 12 años sin acceso a la verdad y la justicia. Doce años.
Conocer qué paso, cómo pasó, y quienes permitieron esta tragedia: no es un capricho periodístico. Es de interés público saber qué investigó el Estado, que diligencias realizó y a qué conclusión se llegó. Está resolución ordenaba la publicación de una versión pública de la verdad histórica de EPN.
La transparencia tampoco significa publicar indiscriminadamente todo. Existen datos personales e información sensible que deben protegerse. Precisamente por eso la Corte ordenó una versión pública. El debate no es entre abrirlo todo o esconderlo todo, eso ya sucedió. Si no en el derecho a que conozcamos esa versión pública y esa verdad ayude a sanar una herida abierta.
México retrocedió respecto a transparencia. El INAI desapareció y el acceso a la información perdió autonomía e imparcialidad. Pero ninguna reforma resuelve el problema si un ciudadano tiene que pelear contra la desobediencia escogida por el gobierno, cuando el máximo Tribunal ya determinó que debe hacerse pública. La Administración federal y la FGR han optado por expedientes bajo llave.
La verdad pertenece a las familias que siguen buscando respuestas y a una sociedad que tiene derecho a conocer cómo actuaron sus instituciones y que pasó para evitar que siga pasando.
El Estado tiene derecho a investigar y proteger información cuando la ley lo exige. Pero cuando un tribunal determina que una versión pública debe entregarse, cumplir deja de ser opción. Se trata de un ataque a la democracia misma.
¿Qué contiene el expediente de Ayotzinapa “verdad histórica” qué se aferran a ocultarlo al borde del desacato? ¿Por qué perpetúan la agonía de las familias? Tristemente, después de doce años, todavía tenemos que pelear para saber.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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