El viernes de la semana pasada concluyó la consulta emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que cuenta con independencia técnica, operativa y de gestión) con la intención de recabar opiniones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Este ejercicio inició el 27 de julio y concluyó el 21 de agosto de 2026, registrando 8 mil 889 comentarios y la participación de 8 mil 532 “participantes únicos[1].
A la luz de la aun escaza información sobre los resultados, se puede apreciar cierta animadversión con la idea de que el gobierno federal, a través de los lineamientos, pueda interferir de alguna manera en el monitoreo, atención, valoración y sanción administrativa sobre las expresiones de comunicadoras y comunicadores, y frente a posibles hechos de vulneración de derechos de audiencias. Esta animadversión se pone en perspectiva, no sólo con las razones y argumentaciones jurídicas emitidas en contra de dichos lineamientos, por parte de organizaciones de la sociedad civil, juristas destacados, prestigiadas y prestigiados periodistas que han puesto en la mesa de discusión diversas inconsistencias, riesgos y excesos que podrían originarse en la redacción de los lineamientos. Además, también se asume un rechazo al tema impulsado por el gobierno federal, si se observa que en la propia consulta hay una muy baja participación, siendo esta en su mayoría negativa o de rechazo. Ello, toda vez que de acuerdo con algunos medios digitales que han afirmado que el 81%[2] de la participación fue para expresar ideas contrarias a la intención de poner en marcha esas nuevas reglas para supuestamente defender los derechos de las audiencias.
Lo anterior puede visualizarse si consideramos que, únicamente tomando en cuenta a las personas dedicadas al periodismo y la locución, el INEGI contempla a 44 mil 364 personas, es decir, más de cinco veces la participación registrada por la consulta[3].
Por su parte, los lineamientos que se pusieron a consulta se despliegan a través de 54 artículos, en los cuales se perfila lo que la autoridad entenderá como Derechos de las Audiencias de radio y televisión; el tratamiento que se le dará a los conceptos de publicidad y contenido; la comercialización de los espacios y la información que se brinda en cortes comerciales; lo que se comprenderá por derecho de réplica; algunos temas de accesibilidad que deberán ir por parte de las concesionarias (posiblemente incrementando sus costos de operación); ; la figura de los defensores de la audiencia con cambios importantes con respecto a lo que se había ido implementando en el presente siglo; los procedimientos de queja; modos de supervisión de las personas defensoras, y el esquema de sancione[4]s.
Desafortunadamente la redacción de los lineamientos esta dispuesta de manera tal que ha fundado preocupaciones y quejas por parte de diversos grupos como periodistas, y organizaciones de la sociedad civil, pues abre la posibilidad a que se generen situaciones de coacción contra voces disidentes al gobierno en turno.
Así, el debate de las últimas semanas y la lectura simple de los lineamientos, confirma la posibilidad de que existan enormes áreas de oportunidad en el texto de los lineamientos para poder revertir la impresión de que dichos lineamientos impulsarán más la censura que la reivindicación de las audiencias ante la posible parcialidad.
Esperemos que exista la voluntad política para modificar aquellos aspectos que alimentan la desconfianza de muchas comunicadoras y comunicadores, y podamos evitar la percepción de riesgo para derechos como la libertad de expresión, al tiempo que podamos romper la dinámica de debate binomial en el que se han plantado los extremos del oficialismo y parte de su oposición.
Hoy, para este delicado tema, son muy importantes las voces serenas, no fundamentalistas que aún hay en el abanico de nuestra clase política, para evitar que los radicalismos que puedan surgir del gobierno y la oposición, metan a nuestro país en un callejón de retrocesos o inmovilidad, con el pretexto de no caer en la “dictadura que te manda callar” o en una democracia (no integrada) en la que “no te escuchen hablar”, como alguna vez dijo el comediante político francés Michel Colucci, fallecido hace en 1986.
[1] Véanse los indicadores de participación en https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15
[2] https://vanguardia.com.mx/opinion/asi-va-la-consulta-publica-sobre-los-lineamientos-de-los-derechos-de-las-audiencias-OA22993973
[3] INEGI, COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 201/20 01 DE MAYO DE 2020, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/LibertadPrensa2020_Nal.pdf
[4] https://portal.crt.gob.mx/archivos-consulta-publica/836d83ac-756a-4c7b-9bee-d73742d6f519.pdf
Raen Sánchez Torres
Politólogo e internacionalista, cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por el ITESM y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la UNAM, además de 16 diplomados, seminarios, cursos y talleres especializados en Seguridad Nacional, Seguridad Pública e Inteligencia, impartidos por instancias como la UNAM, ITAM, UDLAP, Policía Nacional Francesa, Real Policía Montada de Canadá, y el Departamento de Justicia de los EEUU.
Profesionalmente se ha desempeñado en el sector público como analista del fenómeno delictivo en el ámbito internacional, el desarrollo de instituciones de seguridad pública, y desde hace más de 10 años como asesor parlamentario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como académico, desde 2015 ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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