La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa para transformar una nación. A través de ella se forman ciudadanos responsables, profesionistas competentes y seres humanos capaces de convivir en paz, respetar las leyes y construir un mejor futuro para sus familias y para su país.
Por esa razón resulta particularmente preocupante observar cómo algunos grupos pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han optado por métodos de presión que poco tienen que ver con la noble misión de enseñar.
Nadie puede negar que los trabajadores de la educación tienen derecho a expresar inconformidades, defender sus derechos laborales y exigir mejores condiciones para el desempeño de su trabajo. Ese derecho está protegido por la Constitución y forma parte esencial de toda democracia. Sin embargo, una cosa es ejercer legítimamente el derecho de manifestación y otra muy distinta recurrir al bloqueo de vías de comunicación, la afectación a terceros, la destrucción de bienes públicos o privados y la alteración del orden social.
Las imágenes que han circulado en los medios de comunicación muestran actos que difícilmente pueden asociarse con la formación académica y cívica que México necesita. Vehículos dañados, edificios vandalizados, comercios afectados, ciudadanos impedidos de realizar sus actividades normales y amenazas de boicotear eventos de relevancia internacional constituyen acciones que generan rechazo social y dañan la credibilidad de cualquier movimiento.
Más preocupante aún resulta escuchar declaraciones en las que se plantea afectar actividades relacionadas con la próxima Copa Mundial de Futbol organizada por la FIFA. Independientemente de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener respecto de las demandas sindicales, pretender utilizar un evento que coloca a México ante los ojos del mundo como mecanismo de presión política parece una decisión profundamente equivocada.
Nuestro país enfrenta enormes desafíos en materia de educación. Millones de niñas, niños y jóvenes necesitan mejores escuelas, mayor preparación académica, mejores niveles de lectura, comprensión, razonamiento matemático y formación cívica. La discusión nacional debería concentrarse en cómo elevar la calidad educativa y no en cómo justificar actos que terminan perjudicando a la propia sociedad.
Un maestro no educa únicamente mediante libros y clases. Educa principalmente con el ejemplo. Los estudiantes observan la conducta de quienes tienen la responsabilidad de guiarlos. Aprenden de su manera de expresarse, de resolver conflictos y de relacionarse con los demás. Cuando un joven observa que la presión, la confrontación o el daño a terceros son herramientas válidas para alcanzar objetivos, recibe una lección equivocada sobre la convivencia democrática.
Es imposible hablar de amor a la patria mientras se destruye el patrimonio que pertenece precisamente a esa patria. No puede enseñarse respeto a las instituciones mediante actos de agresión contra ellas. No puede promoverse la cultura de la legalidad violando la ley.
Tampoco debe olvidarse que detrás de cada bloqueo existen ciudadanos afectados que nada tienen que ver con el conflicto. Comerciantes que pierden ventas, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, estudiantes que ven suspendidas actividades, familias que enfrentan retrasos y pérdidas económicas. El ejercicio de un derecho no puede significar la anulación de los derechos de los demás.
Por ello, las autoridades tienen una responsabilidad que no pueden eludir. El Estado democrático no debe actuar mediante la represión arbitraria ni mediante el autoritarismo. Pero tampoco puede permitir que la ilegalidad se normalice. La aplicación de la ley debe ser firme, imparcial y respetuosa de los derechos humanos.
Cuando existan daños a bienes públicos o privados, afectaciones económicas demostrables, interrupciones ilegales de servicios o actos de violencia, corresponde a las autoridades investigar, determinar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la legislación vigente. La impunidad nunca ha sido un instrumento de justicia ni un mecanismo educativo.
México necesita mejores maestros, mejores escuelas y mejores ciudadanos. Necesita diálogo en lugar de imposición, argumentos en lugar de amenazas y acuerdos en lugar de violencia. Necesita educadores que inspiren a sus alumnos a construir, no a destruir; a respetar, no a confrontar; a servir, no a dividir.
La educación debe ser el camino para elevar a una nación, nunca una excusa para afectar a la sociedad. El futuro de México no se construye bloqueando calles, dañando edificios o paralizando actividades productivas. Se construye en las aulas, en los hogares y en el ejemplo cotidiano de quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.
Porque enseñar no es imponer. Enseñar es inspirar.
Y México necesita más inspiración y menos agitación.
Héctor Molinar Apodaca
Facilitador Privado #24
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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