El reciente y doloroso caso del homicidio de Eitan, un niño en Ciudad Juárez supuestamente a manos de su madre, ha conmocionado a la opinión pública y ha generado una avalancha de juicios, indignación y preguntas.
Cuando el Estado niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo Es sin duda un hecho trágico y condenable, pero también debe invitarnos a ver más allá de la superficie, a preguntarnos: ¿qué condiciones sociales, legales y culturales propician que ocurran tragedias como esta?
Vivimos en un país donde las mujeres, en muchas entidades, todavía no tienen reconocido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito es muy escaso y mayormente criminalizado. Esta restricción no solo limita la autonomía de la mujer, sino que también perpetúa un ciclo de violencia, estigmatización y abandono institucional que puede tener consecuencias devastadoras para madres e hijos.
El acto cometido por la madre de Eitan es, sin duda alguna, aberrante. La muerte de un niño no encuentra justificación en ninguna circunstancia. Pero si queremos avanzar como sociedad, no podemos quedarnos solo señalando y juzgando sin preguntarnos qué llevó a esa mujer a estar mentalmente tan desquiciada como para cometer semejante acto. El análisis simplista y el linchamiento mediático sólo perpetúan el ciclo de incomprensión y violencia.
La maternidad, en una sociedad donde se restringe el acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual y aborto seguro, no siempre es una elección. La maternidad, para muchas mujeres, es una imposición que conlleva una carga emocional, económica y social para la que no siempre están preparadas ni cuentan con apoyo. Al no permitirles decidir, el Estado las deja a su suerte, por lo general en condiciones precarias y con una red de contención muy escasa.
La salud mental también desempeña un papel central en este tipo de tragedias. La falta de acceso a la atención psicológica, la soledad, el estigma y la presión social pueden llevar a una persona al límite. No es una excusa, pero es una explicación que como sociedad debemos asumir, para evitar que hechos similares se repitan. ¿Cuántas mujeres sufren sus angustias en silencio por temor a ser juzgadas o delatadas como criminales? ¿Cuántos menores pagan los errores de un Estado que prefiere mirar hacia otro lado?
La empatía, aquí, no es un justificativo ni una excusa. Es decir, entender que detrás de cada tragedia hay historias más profundas de abandono institucional, de falta de oportunidades, de derechos negados. Es decir, reclamar políticas públicas que reconozcan a las mujeres como sujetos plenos de derecho, con la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Significa, también, que el Estado asuma su responsabilidad en la prevención, acompañamiento y atención de la salud mental materna.
El caso de Eitan debe ser un llamado urgente a revisar legislación, política y cultura en torno a los derechos reproductivos y la maternidad. Nos debe hacer replantear el rol del Estado y la sociedad en la prevención de la violencia, no solo la que deriva en tragedias visibles, sino la que se perpetúa todos los días en la vida de miles de mujeres obligadas a maternar.
La verdadera justicia para Eitan no será solo castigar a la culpable, sino transformar las condiciones que hicieron posible este horror. Sólo así podremos aspirar a una sociedad donde ninguna mujer tenga que precipitarse al abismo y donde ningún niño pague el precio de un Estado ausente.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
