Treinta años de crecimiento sin planeación convirtieron la periferia en una ciudad improvisada. Hoy el Congreso exige soluciones para un problema que el propio sistema político dejó crecer.
Hace unos días el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó exhortos dirigidos a la gobernadora y al presidente municipal de Ciudad Juárez para que se atienda con urgencia una realidad que durante años ha sido imposible ignorar: la falta de agua potable y urbanización en la zona conocida como Los Kilómetros.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad.
O quizá habría que decir: por humanidad.
Porque nadie puede negar la precariedad en la que viven miles de familias en ese corredor de la carretera a Casas Grandes. Familias que durante años han tenido que sobrevivir sin agua potable, sin drenaje, sin pavimentación y sin servicios urbanos básicos.
Pero hay algo profundamente incómodo en esta escena.
Hoy los diputados levantan la voz y exigen soluciones urgentes.
Hoy reclaman justicia social.
Hoy denuncian abandono.
Y lo hacen como si no tuvieran absolutamente nada que ver con el origen del problema.
Pero la historia dice otra cosa.
Los Kilómetros no son un accidente reciente ni una crisis que apareció de pronto en el mapa urbano de la ciudad. No nacieron el año pasado. No surgieron en esta administración municipal ni en la anterior.
Los Kilómetros son el resultado de más de treinta años de abandono institucional, de especulación de suelo, de venta irregular de terrenos y de una clase política que permitió que la ciudad creciera sin orden mientras miraba hacia otro lado.
Para entenderlo hay que regresar a finales del siglo pasado.
Durante los años ochenta y noventa la frontera vivió una expansión económica acelerada impulsada por la industria maquiladora. Miles de trabajadores llegaron a Ciudad Juárez buscando empleo y la población creció a una velocidad que superó por completo la capacidad institucional para planear la expansión urbana.
Pero el problema no fue que la ciudad creciera.
El problema fue que los gobiernos permitieron que creciera sin control.
Mientras la población aumentaba, en la periferia comenzó el negocio silencioso de la lotificación irregular: terrenos rurales divididos y vendidos en pequeños lotes sin permisos, sin servicios y sin infraestructura.
Las familias compraban porque no tenían otra opción.
Un terreno en la periferia —aunque no tuviera agua ni drenaje— representaba la única oportunidad real de construir un patrimonio.
Así comenzaron a aparecer asentamientos dispersos a lo largo de la carretera a Casas Grandes.
Primero unas cuantas casas.
Luego una tienda.
Después una iglesia.
Para el año 2000 ya existía una iglesia en el Kilómetro 27, señal clara de que la comunidad llevaba años consolidándose.
Eso significa que Los Kilómetros comenzaron a formarse desde los años noventa.
Y durante todo ese tiempo ningún gobierno lo detuvo.
Gobernaron alcaldes del PAN como Francisco Villarreal Torres, Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar, cuando comenzaron a aparecer los primeros asentamientos dispersos.
Posteriormente, bajo la administración de Jesús Alfredo Delgado Muñoz (PAN, 2002-2004), los asentamientos ya mostraban señales claras de consolidación comunitaria.
Más adelante, con alcaldes priistas como Héctor Murguía Lardizábal, José Reyes Ferriz y Enrique Serrano, el fenómeno dejó de ser un asentamiento emergente para convertirse en un problema urbano de gran escala.
Durante el periodo del alcalde independiente Armando Cabada (2016-2021), Los Kilómetros comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en el debate público.
Y ahora que llega Morena, algunos pretenden que en un tris se resuelva todo como si una varita mágica pudiera corregir décadas de abandono.
Administración tras administración, el asentamiento creció.
Y el Estado simplemente dejó que ocurriera.
Cuando el problema aún era pequeño, nadie intervino.
Cuando se volvió grande, nadie quiso enfrentarlo.
Hoy se calcula que en ese corredor viven alrededor de cuarenta mil personas.
Una ciudad dentro de la ciudad.
Una población completa que ha vivido durante décadas en la frontera entre la formalidad y el abandono.
Y aquí aparece otro dato que explica por qué la situación parece avanzar tan poco incluso cuando hay inversión pública.
En 2018 el déficit acumulado de infraestructura urbana en Ciudad Juárez ya se estimaba en alrededor de 100 mil millones de pesos.
Cien mil millones.
Eso significa que incluso inversiones de mil, dos mil o hasta diez mil millones de pesos apenas logran mover la aguja frente a un rezago estructural tan profundo.
Las obras se hacen.
Los recursos se invierten.
Pero el atraso es tan grande que la sensación de estancamiento persiste.
Y en buena medida es real.
Porque durante décadas la ciudad creció sin la infraestructura necesaria para sostener su propio tamaño.
Y mientras ese rezago histórico sigue ahí, aparece otro elemento que explica el sentimiento que durante años ha persistido en la frontera.
Hace unos días, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la gobernadora Maru Campos lanzó una frase que explica más de lo que probablemente pretendía:
“Juárez es una entidad aparte de lo que es Chihuahua.”
La frase no fue un desliz menor.
Resume una percepción histórica que muchos juarenses han señalado durante décadas: que el poder estatal mira a la frontera como un territorio distante, incómodo y secundario, a pesar de que ha sido precisamente Ciudad Juárez la que durante años ha sostenido buena parte de la economía estatal.
Hoy el problema es gigantesco.
Resolverlo implica regularización de tierra, redes hidráulicas, drenaje, pavimentación, transporte y planeación urbana en una zona que creció fuera de cualquier esquema formal de desarrollo.
Pero ahora, cuando el problema ya es monumental, entonces sí aparece la indignación política.
Entonces sí llegan los exhortos.
Entonces sí se levantan discursos de preocupación.
Pero la verdad es más dura.
Muchos de los que hoy exigen soluciones pertenecen a los mismos partidos que gobernaron cuando el problema comenzó.
Hoy denuncian las consecuencias de un fenómeno que ellos mismos permitieron que creciera.
Eso no significa que no haya que resolver la crisis.
Por supuesto que hay que llevar agua.
Por supuesto que hay que urbanizar.
Por supuesto que hay que regularizar.
Pero también hay que decir la verdad completa.
Los Kilómetros no son simplemente un barrio olvidado.
Son el monumento urbano a tres décadas de irresponsabilidad política.
Son la prueba de que en esta ciudad los gobiernos cambiaron de color, pero el modelo fue el mismo: dejar crecer el problema hasta que se volviera demasiado grande para ignorarlo.
Y ahora, cuando el Congreso exige soluciones, conviene recordar algo esencial:
Las familias que viven en Los Kilómetros no invadieron la ciudad por capricho.
Llegaron porque la ciudad creció sin ofrecer alternativas reales de vivienda.
Llegaron porque el mercado formal nunca los incluyó.
Llegaron porque durante años la política urbana prefirió ignorar la periferia mientras la mancha urbana avanzaba sola.
Por eso el exhorto aprobado esta semana tiene un valor simbólico.
Pero también tiene un límite.
Porque si no se reconoce la responsabilidad histórica de quienes gobernaron antes, la indignación se convierte en hipocresía institucional.
Los Kilómetros no son un accidente urbano.
No son un error reciente.
No son una sorpresa.
Son la consecuencia de treinta años de gobiernos que permitieron que la ciudad creciera sin orden mientras la periferia se llenaba de familias buscando un lugar donde vivir.
Hoy esas familias siguen esperando agua, calles, drenaje y certeza jurídica.
Y mientras tanto, desde el Congreso se levantan exhortos como si el problema hubiera nacido ayer.
Pero la memoria urbana es terca.
Porque las ciudades no se desordenan solas.
Las desordenan los gobiernos que no planean, no regulan y no actúan a tiempo.
Y cuando la política olvida eso, termina ocurriendo lo que hoy vemos en Los Kilómetros:
una ciudad improvisada por necesidad… y un Congreso improvisando indignación.
Y la verdad, por incómoda que sea, es esta:
Los Kilómetros no son la falla de un gobierno.
Son la factura acumulada de todos.
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