Este 5 de febrero, mientras conmemorábamos el aniversario de nuestra Carta Magna de 1917, colisionaron dos realidades brutales. Por un lado, la vigencia del texto que nos define como República; por el otro, la degradación simbólica de sus custodios. Las imágenes del actual Ministro Presidente, solicitando a colaboradores limpiar su calzado antes de una ceremonia oficial, no son una anécdota frívola. Son el síntoma de cómo la percepción del servicio público se ha transformado en los pasillos de la Suprema Corte. Este hecho nos obliga a un ejercicio comparativo necesario con el pasado inmediato.
El contraste es abismal. La gestión de la Ministra Norma Piña estuvo marcada por una firmeza institucional inquebrantable ante el Ejecutivo. Ella se mantuvo sentada, literal y metafóricamente, defendiendo la autonomía judicial. Hoy, bajo la presidencia del Ministro Aguilar, la noticia no es la defensa de la Constitución, sino los empleados limpiando el polvo de sus zapatos. Mientras Piña entendió que la dignidad se ejerce mirando a los ojos al poder, la actual presidencia parece creer que la autoridad reside en que otros miren hacia el suelo. Es el error de confundir al director de orquesta con el dueño del teatro: uno sirve a la música, el otro solo busca que su nombre brille en la marquesina.
Nuestra Constitución se basa en que “el poder frene al poder”, máxima de Montesquieu vital para cualquier República sana. La anterior Corte funcionó como un dique ante los excesos legislativos y ejecutivos. Existía una tensión dialéctica necesaria. Sin embargo, la escena actual, marcada por la frivolidad y la falta de decoro, sugiere una institución más preocupada por la forma que por el fondo. El riesgo es inminente: una judicatura que prioriza su imagen personal sobre la limpieza de sus sentencias deja a la ciudadanía en la indefensión. ¿Cómo podemos esperar que este Tribunal defienda a los más vulnerables si, en su trato interno, replica esquemas de dominación y clasismo?
Finalmente, lo más grave es la vulneración del Humanismo. Nadie es superior por el cargo que ocupa; la dignidad humana es el origen y el fin del derecho. Ver a un funcionario utilizar a sus subordinados para tareas de aseo personal es un agravio a la igualdad en un país que lucha por erradicar la discriminación. Como señaló Piero Calamandrei: “El juez es el derecho hecho hombre; solo de este hombre esperamos la justicia”. Si quien encarna la justicia humilla a su prójimo, ¿qué esperanza de equidad tiene el ciudadano común?
La Constitución no se celebra con zapatos brillantes, sino con conciencias limpias y sentencias justas. La transición de una Corte que resistía al autoritarismo a una que protagoniza escándalos de prepotencia es una alerta máxima. Urge recuperar el sentido republicano, donde la toga proteja al débil y no oculte la soberbia del fuerte.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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