Cada 5 de febrero, México conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es sólo un texto jurídico: es un pacto histórico que ha ido cambiando con el país. Sus reformas reflejan épocas, tradiciones y costumbres distintas; han pasado por momentos conservadores y liberales, por ciclos reformistas y por proyectos que se presentan como “transformadores”. En ese tránsito, la Constitución ha incorporado aspiraciones sociales, ha ajustado reglas del poder y ha intentado responder a crisis económicas, conflictos políticos y demandas de justicia.
Que una constitución se reforme no es un pecado. Lo preocupante es cuando la reforma se vuelve rutina sin consenso, o herramienta de coyuntura: se cambia para ganar una votación, para consolidar un bloque, o para dejar amarrada una decisión antes de que la sociedad alcance a deliberar. Así, el texto corre el riesgo de perder sentido como guía común y convertirse en un tablero de ventajas para quien gobierna.
Desde siempre se separaron los poderes para evitar la corrupción y el abuso: Ejecutivo, Legislativo y Judicial como contrapesos reales, no como oficinas de un mismo mando. Sin embargo, esa idea fundacional ha sufrido en la práctica. Cuando el partido oficial domina la agenda, controla mayorías y define el ritmo legislativo, los equilibrios se debilitan: se aprueba lo que conviene y se congela lo que estorba. El problema no es la alternancia de siglas; es la tendencia a confundir mayoría con permiso ilimitado.
En ese contexto, el Poder Legislativo debería ser la casa del debate, la técnica y la representación. Pero en la percepción ciudadana se ha vuelto, con demasiada frecuencia, un escenario de espectáculo y disciplina partidista. Los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores han sido exhibidos por conductas que lastiman la confianza: desdén por la civilidad, polarización fácil, y una noción de “victoria” que sustituye al razonamiento. A ello se suman denuncias, investigaciones periodísticas y señalamientos públicos que asocian a figuras legislativas con corrupción o tráfico de influencias. No hace falta generalizar para reconocer el daño: cada caso contamina al todo.
Cuando quienes reforman la Constitución carecen de autoridad moral, el texto se vuelve vulnerable. No sólo se erosiona la legitimidad del Congreso; también se instala la idea de que la ley es negociable y que los principios se acomodan al interés del día. La Constitución, entonces, deja de ser un límite y se vuelve un discurso.
Conmemorar el 5 de febrero debería obligarnos a una pregunta sencilla: ¿estamos usando la Constitución para servir al país o para administrar el poder? Si la división de poderes no opera, si la ética pública se vuelve decorado, y si la representación se degrada, la fecha se convierte en ceremonia vacía. México no necesita reformas a modo; necesita instituciones firmes, contrapesos efectivos y política con responsabilidad cívica. Porque la Constitución no se honra con aplausos, sino con límites, decencia y rendición de cuentas.
También conviene recordar que la Constitución de 1917 nació con una vocación social notable: reconoció derechos laborales, colocó la educación como proyecto nacional y puso la propiedad y los recursos en el centro del debate público. Con los años, esos artículos han sido reinterpretados y reformados; algunas enmiendas han ampliado libertades y garantías, otras han respondido a realidades económicas y tecnológicas. Pero el sentido debería permanecer: el Estado existe para garantizar dignidad, no para repartir privilegios.
Por eso preocupa cuando la discusión constitucional se reduce a “alinear votos” o a descalificar al disidente. La fuerza de una república no está en callar al otro, sino en someter el poder a reglas que nadie pueda torcer. El Poder Judicial no es un enemigo por corregir ni un aliado por domesticar: es un árbitro que debe ser independiente para que los derechos valgan.
En el fondo, la crisis constitucional no es sólo de normas; es de cultura pública. Si normalizamos el insulto, el clientelismo, la opacidad y la impunidad, ninguna reforma salvará al país. En cambio, si exigimos cuentas, premiamos la competencia y castigamos la corrupción con instituciones, la Constitución recupera su lugar como pacto común. El 5 de febrero invita a defender la ley y exigir límites; democracia se cuida y el poder sin freno abusa siempre.
Héctor Molinar Apodaca
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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