Hoy se acaba el villano número uno para la presidenta con A. Hay silencios que pesan más que los discursos y silencio alrededor de los más de 32 mil millones de pesos que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar al SAT pesa como plomo, no porque el gobierno esté obligado legalmente a etiquetar el recurso para un fin específico la regla es clara: el dinero entra a la Tesorería de la Federación y se ejerce conforme al Presupuesto de Egresos aprobado, sino porque la cifra es tan grande, tan mediática y tan simbólica que pretender que pasará como un dato más en el boletín fiscal es, como mínimo, una provocación a la inteligencia pública.
Los hechos están documentados: tras años de litigios por adeudos de ISR de 2008 a 2013, el SAT informó que un grupo empresarial ligado a Ricardo Salinas Pliego pagará 32,132 millones 897 mil 658 pesos, de ese monto, 10,400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron depositados en la Tesorería de la Federación; el resto se cubrirá en 18 pagos, el adeudo original, tras resoluciones y actualizaciones, rondaba los 51 mil millones de pesos, pero el Código Fiscal permite reducciones de hasta 39% en recargos y multas cuando el contribuyente se acoge a un esquema de pago voluntario y ordenado. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
La presidenta fue institucional, sobria, quirúrgica. Confirmó el esquema, recordó que todo se hizo conforme a la ley y a las sentencias firmes, y se detuvo ahí, ni festejo, ni trofeo, ni discurso de victoria. Un mensaje limpio, técnico, casi clínico. En términos administrativos, impecable. En términos mediáticos, insuficiente.
Porque no estamos hablando de dos pesos.
Estamos hablando de un monto que, en la conversación pública, se traduce en hospitales, carreteras, universidades, seguridad, infraestructura, programas sociales o, en el peor de los imaginarios, hoyos presupuestales que nadie quiere admitir. Y sin embargo, nadie dice con claridad qué se piensa hacer al menos en el plano simbólico con ese dinero que llega después de uno de los litigios fiscales más sonados de las últimas décadas.
Mientras tanto, X hizo lo que X sabe hacer: incendiar la conversación, de un lado, usuarios celebrando que “por fin pagó”. Del otro, preguntas directas: “¿Se va a ir a programas sociales?”, “¿Lo van a regalar?”, “¿Se va a diluir en el gasto corriente?”, “¿Habrá algo visible o se perderá en la contabilidad?”. No porque existan pruebas de un uso irregular, sino porque la ausencia de narrativa oficial siempre abre la puerta a la sospecha, y la sospecha es el combustible favorito de la conversación digital.
Aquí está el punto incómodo:
Cuando el Estado recupera una cifra histórica, la ciudadanía espera una explicación histórica, no un párrafo técnico, no una tarjeta informativa. Una explicación que esté a la altura del tamaño del pleito y del tamaño del pago.
Este no es un contribuyente cualquiera, es el empresario que convirtió su conflicto con el SAT en contenido, en personaje, en espectáculo, el que dijo que no debía, que no pagaría, que era víctima de persecución. El que llevó el tema a la Corte y a la opinión pública y que, al final, se acogió a los beneficios de la ley, aceptó el esquema y empezó a pagar. El mito del “no pago” terminó en transferencia bancaria.
Ese giro, por sí mismo, es un terremoto mediático, pero el verdadero temblor viene después: ¿qué hará el gobierno con ese dinero? La respuesta formal es fría: se integra al presupuesto general. La respuesta mediática es otra: eso no alcanza. La respuesta ciudadana es todavía más clara: queremos saber si ese dinero se verá, se sentirá, se notará en algo concreto o si será otro número que se pierde en la selva de las partidas y subpartidas.
Si el Estado exige puntualidad, proporcionalidad y transparencia a los contribuyentes y tiene razón en hacerlo, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo equivalente respecto al uso de los recursos. Más cuando se trata de un caso que se volvió símbolo de justicia fiscal, de poder del Estado y de límite al privilegio; no basta con decir “ya entró a la Tesorería”. La pregunta no es solo si entró, sino para qué servirá.
La presidenta con A jugó la carta de la sobriedad, el empresario jugó la carta del “ya no debemos nada al gobierno”. Pero falta la carta que más importa en la conversación pública: ¿dónde va a terminar ese dinero? Mientras nadie la ponga sobre la mesa, otros la van a inventar. Y en México, cuando el poder no toma la narrativa, la narrativa se lo come vivo.
El pago de Salinas Pliego cerró un litigio de casi dos décadas, pero abrió otra cosa: una conversación que el gobierno todavía no ha querido dar de frente. Una conversación sobre destino, transparencia y simbolismo del dinero público. No se apaga con tecnicismos, porque la cifra es demasiado grande, el personaje demasiado mediático y el contexto demasiado cargado como para esconderlo en una línea del presupuesto.
El dinero está ahí.
El silencio también.
Y en ese silencio, la pregunta sigue ardiendo:
¿qué van a hacer con los 32 mil millones de pesos que tanto trabajo costó cobrar?
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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