El Paquete Económico 2026 de Chihuahua no es neutro. Tampoco es inocuo. Es una decisión política con consecuencias económicas muy claras y un territorio particularmente afectado; Ciudad Juárez.
Detrás del discurso de “más inversión”, “más obra” y “más recursos para educación y seguridad”, el Estado optó por el camino más sencillo y más costoso socialmente; recaudar más subiendo impuestos locales, aun a costa de la competitividad, el empleo formal y el ingreso disponible de las familias fronterizas.
El problema no es gastar; es cómo se recauda
Nadie discute que el Estado necesita recursos. Lo que sí debe discutirse y con fuerza es a quién se le cobra y por qué vía.
El aumento al Impuesto Sobre Nómina y al Impuesto Adicional Universitario revela una lógica preocupante; financiar al gobierno encareciendo el trabajo formal y castigando al contribuyente cautivo.
Subir el ISN no es una medida técnica; es una señal económica.
Significa decirle a las empresas; contratar en Chihuahua será más caro. En un entorno como Juárez dependiente de la industria maquiladora, de la logística transfronteriza y de una red extensa de PYMES proveedoras esa señal es letal para la generación de empleo.
El impuesto no lo “pagan las empresas” en abstracto; lo pagan los trabajadores cuando no se les contrata, cuando se les recortan horas o cuando los salarios dejan de crecer.
El discurso oficial promete que ese dinero irá a “obra productiva”.
Pero la historia fiscal del estado demuestra que el etiquetado no garantiza impacto económico, y mucho menos retorno social.
Sin mecanismos de evaluación, sin metas medibles y sin transparencia estricta, el aumento de impuestos corre el riesgo de terminar diluido en gasto corriente.
El impuesto universitario; pequeño en papel, grande en la vida diaria
El incremento al Impuesto Adicional Universitario parece menor para quien legisla desde un escritorio. En la práctica, golpea directamente a la clase trabajadora; trámites vehiculares, placas, licencias, movilidad cotidiana.
En una ciudad extendida como Juárez, donde el automóvil no es lujo sino necesidad, este impuesto es regresivo por definición.
Aquí no hay progresividad fiscal ni justicia social.
Hay una lógica simple; cobrar más a quien no puede evadir.
El trabajador que necesita su vehículo para llegar a la maquila, el técnico, el comerciante, el repartidor. El Estado recauda fácil, pero recauda mal.
¿Qué rubros se protegen y cuáles se abandonan?
Sí, hay sectores que reciben más recursos; educación, salud, seguridad.
Pero el paquete no protege al motor que hace posible ese gasto; la economía local.
Las PYMES quedan expuestas.
El empleo formal se vuelve más caro.
La inversión enfrenta más fricciones.
El consumo interno se debilita.
Y aquí está la contradicción central.
No se puede fortalecer el gasto social debilitando al sector que lo financia.
Ciudad Juárez ya enfrenta retos estructurales inseguridad, rezago urbano, presión migratoria, servicios públicos saturados y ahora se le añade un obstáculo fiscal que reduce su competitividad frente a otros estados y frente a Texas.
En una frontera donde el capital sí tiene opciones, subir impuestos al empleo es jugar con fuego.
Las alternativas existían (y se ignoraron)
El aumento de impuestos no era la única salida.
Hubo otras rutas, más responsables y menos dañinas.
Revisión profunda del gasto corriente, antes de cargarle la mano al sector productivo.
Combate real a la evasión y a los adeudos fiscales, que siguen siendo un hoyo negro.
Financiamiento de obra con esquemas público-privados, ligados a metas de empleo local.
Incentivos temporales a PYMES, para neutralizar el impacto del ISN en la contratación.
Priorización territorial, reconociendo que Juárez no puede ser tratado fiscalmente igual que el centro del estado.
Nada de eso fue central en el debate.
Se optó por la vía rápida; subir tasas y confiar en que la economía “aguante”.
El costo político y económico ya está en marcha
El Paquete Económico 2026 deja un mensaje inquietante; cuando las finanzas aprietan,
Ciudad Juárez paga primero.
Se le exige más, aun cuando aporta más.
Se le grava el empleo, aun cuando genera riqueza.
Se le habla de futuro, mientras se encarece su presente.
La pregunta no es si el Estado recauda más.
La pregunta es si ese modelo de recaudación no terminará recaudando menos empleo, menos inversión y menos bienestar.
Porque cuando se castiga al trabajo y se debilita la economía local, el resultado no es desarrollo; es estancamiento con presupuesto inflado.
Y eso, más que un error técnico, es una decisión política.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
