El 6 de noviembre, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentaron el “Plan Integral contra el Abuso Sexual”. Un proyecto que promete homologar el tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país, agilizar las denuncias y fortalecer la atención institucional. El discurso fue claro: “Las mujeres no están solas. Hay una presidenta que las cuida.” Pero la realidad presupuestal contradice esa promesa.
Porque mientras se anuncia un plan para protegernos, el Anexo 13 el presupuesto federal destinado a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres ha sido recortado como nunca antes. Y no es una cifra simbólica: son millones de pesos menos para refugios, fiscalías especializadas, atención psicológica, campañas de prevención, defensorías públicas y redes comunitarias que sostienen la vida de miles de mujeres.
El contraste es brutal. Cuando la presidenta fue acosada en la vía pública, el agresor fue detenido en minutos. Se activaron protocolos, se emitieron comunicados, se reforzó la seguridad. Y está bien. Nadie debería ser acosado. Pero ¿cuántas mujeres viven eso todos los días sin que nadie las mire? ¿Cuántas denuncias se pierden en ministerios públicos sin perspectiva de género? ¿Cuántas víctimas son re victimizadas por jueces, policías o funcionarios que no creen en ellas?
La paradoja institucional es esta: cuando le pasa a la presidenta, hay respuesta inmediata. Cuando nos pasa a nosotras, hay recortes.
El Plan Integral contra el Abuso Sexual incluye medidas importantes: campañas de sensibilización, capacitación a ministerios públicos, armonización legislativa. Pero ¿cómo se implementa un plan sin recursos? ¿Cómo se capacita sin presupuesto? ¿Cómo se garantiza justicia si las fiscalías especializadas están saturadas y los refugios al borde del colapso?
La secretaria Citlalli Hernández hizo un llamado a los hombres para que reflexionen sobre sus conductas normalizadas. Es un gesto necesario. Pero también hace falta un llamado a las instituciones que siguen normalizando el abandono presupuestal. Porque no basta con decir “no están solas” si el Estado sigue ausente en los territorios donde la violencia se multiplica.
En México, más del 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Cada día se registran más de 30 violaciones y 10 feminicidios. Ysin embargo, el 94% de los casos de violencia sexual no se denuncian, porque las víctimas saben que no serán escuchadas, que serán juzgadas, que serán desestimadas. ¿Cómo se rompe ese ciclo si el presupuesto para romperlo se recorta?
La respuesta institucional no puede depender del perfil de la víctima. No puede ser que el Estado se movilice solo cuando la violencia toca a una figura pública. No somos invisibles. No llegamos todas. Y esta es la prueba.
El Plan anunciado hoy puede ser una oportunidad, pero solo si se acompaña de voluntad política real, de presupuesto suficiente, de seguimiento ciudadano y de transparencia. De lo contrario, será solo un gesto simbólico que no alcanza a las mujeres que viven violencia en silencio, en la periferia, en la comunidad, en la casa, en el transporte, en la escuela, en el trabajo.
La violencia institucional no solo se expresa en el abandono físico. También se expresa en el recorte presupuestal, en la simulación política, en el aplauso sin acción. Y hoy, más que nunca, las mujeres mexicanas necesitan más que discursos. Necesitan justicia, recursos, protección y reparación.
Porque si el Estado puede proteger a una presidenta en segundos, también puede y debe proteger a millones de mujeres todos los días. Y si no lo hace, entonces no es falta de capacidad. Es falta de voluntad.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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