Toda democracia requiere del ejercicio de la libertad de expresión, que significa la posibilidad de expresar lo que genuinamente pensamos y necesitamos externalizar de distintas formas, sin una sanción aparejada, solo por hacerlo. Sin embargo, también implica un enorme termómetro para las democracias y la vigencia del estado de derecho; es decir, se respeta o no los derechos de la ciudadanía y existe o no, la posibilidad de defenderse ante una violación de los mismos.
En nuestra frágil democracia, la libertad de expresión comienza a ser un riesgo o una prohibición, que incluso puede desencadenar posibles consecuencias fatales. Desde legislaciones que censuran y criminalizan la crítica a sentencias excesivas, constituyen una lamentable tentación que amenaza lo mismo a la ciudadanía que al libre ejercicio del periodismo.
Preocupa esta tendencia que evidencia el desconocimiento y desprecio a la libertad, a la tolerancia, la pluralidad, la participación activa, la crítica y el periodismo libre. Pero también dejan al descubierto un profundo tufo autoritario con tintes tiránicos además de una soberbia que considera que la llegada al poder será eterna y por tanto pone en un plano de desigualdad a quien ostenta el poder a través de privilegios. En este caso, no estar sujetos de opiniones e investigaciones por el ejercicio del encargo que molesten y el castigo a quien lo hace.
Está semana en redes sociales, concretamente en X, hemos sido testigos del caso de censura, bautizado ya por las y los usuarios con el hashtag #DatoProtegido, que se ha convertido en un verdadero fenómeno de participación ciudadana para expresar la indignación y la defensa de las libertades de nuestro país. El caso en mención, en términos sintéticos, consiste en una denuncia realizada por una Diputada Federal por presunta violencia política en razón de género contra una ciudadana que expresó libremente su opinión. Increíblemente el caso concluyó desfavorable a está ama de casa, con una sentencia a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
La sentencia no sólo resulta desproporcionada, sesgada y casi trascendente, también es desigual, hablamos de los recursos de una representante federal contra una ciudadana. Esto va más allá, cae en la humillación a la dignidad de la persona. Nos lleva al debate de hasta donde se pueden ofrecer disculpas y hasta donde la gente tiene que someter su persona frente a sanciones desacertadas del poder.
“Es un exceso, el poder es humildad”, declaró en una mañanera de esta semana la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. No le sobra razón, la condena no solo consiste en pedir una disculpa: no, se trata de plural ¡Debe ser publicada durante 30 días! Las acciones posteriores de la Diputada, son un caso patente de cuando “no entendemos que no entendemos”, pues a través de un video en la misma red, pretendió explicar pero resulto una reiteración de lo incorrecto y tristemente: carece de humildad.
La medida, un abuso contra Karla Estrella en lo particular, deja a la vista el riesgo de atacar la libertad de expresión en general y pone de manifiesto sí efectivamente estamos dentro de un marco democrático de derecho, donde las Instituciones sirven a la gente y a objetivos públicos.
Lo paradójico para la denunciante es que busco castigar a una ciudadana, mandar un mensaje y lo que obtuvo ha sido el repudio de todo un país. De verdugo a víctima de sí misma. Que este caso se traduzcan en incentivar una democracia real, efectiva y participativa donde las personas tienen la confianza de opinar libremente, tan solo con la restricción de no violar derechos humanos e incitar al odio.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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