La Ciudad de México está cambiando. Pero no cambia con responsabilidad urbanística y arquitectura social. Cambia al ritmo de la especulación, de los intereses privados, cambia con la fuerza del capital inmobiliario y con la complicidad (o la omisión) del poder público. Se llama gentrificación, y no es un proceso natural ni inevitable. Es una decisión política.
Es, en muchos casos, una forma de despojo.
Este fenómeno (entendido como la transformación de barrios tradicionales y populares en zonas de alta plusvalía), no es exclusivo de la capital. Aunque en la Ciudad de México se expresa con particular intensidad en zonas como la Roma, la Condesa, la Juárez, la Narvarte, la San Rafael o Coyoacán, la misma lógica se ha expandido a otras ciudades del país que también han abierto la puerta al capital sin frenos, sin reglas y en opinión de algunos, sin justicia.
En Guadalajara, Monterrey y Mérida, la llegada masiva de extranjeros ha hecho que muchas zonas tradicionales se reconviertan en enclaves turísticos o en comunidades privadas para extranjeros que no se integran a la vida local. En San Miguel de Allende y Ajijic, dos de los destinos favoritos para jubilados norteamericanos, el fenómeno ha sido aún más radical: se han creado burbujas completamente ajenas al entorno, donde se habla más inglés que español y donde el costo de vida expulsa incluso a los profesionistas locales.
Tulum, Playa del Carmen, Oaxaca, Bacalar, Valle de Bravo, Sayulita, Los Cabos,Todos Santos… una lista cada vez más larga de ciudades y pueblos que, bajo la promesa de atraer inversión y dinamizar el turismo, han perdido el control sobre su territorio. Lo que antes era comunidad hoy es marca. Lo que antes era vida cotidiana hoy es postal para Instagram. Lo que antes era hogar hoy es plataforma de inversión.
La gentrificación tiene múltiples rostros. A veces se presenta como “recuperación de espacios públicos”, otras como “rescate de inmuebles históricos”, o bien como “impulso al turismo cultural”. Pero detrás del lenguaje oficial se esconde una lógica más brutal: la conversión del suelo urbano en mercancía, la transformación del habitar en negocio, la eliminación de lo que no es rentable. No se gentrifican las ciudades, se gentrifica la vida.
El proceso tiene etapas. Primero llega el capital disfrazado de renovación: cafés de especialidad, galerías, boutiques, coworkings. Después, el aumento paulatino (pero veloz) de rentas. Luego, la sustitución de los vecinos originales por nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo. Los comercios tradicionales desaparecen o se ven obligados a adaptarse a una clientela que no los necesita. Los mercados se encarecen, las escuelas cambian y, finalmente, llega la saturación: tráfico, escasez de agua, inseguridad, encarecimiento generalizado. Lo que era comunidad se vuelve fachada.
En la Ciudad de México, este proceso se ha acelerado en los últimos diez años, y lo ha hecho sin ningún plan urbano integral. La autoridad, en vez de proteger, ha facilitado. En vez de regular, ha cedido. En vez de planificar, ha improvisado. El resultado es una ciudad fragmentada, desigual, tensa.
Uno de los factores más dramáticos es el desplazamiento hacia la periferia. Miles de familias que no pueden pagar el nuevo costo de vivir en zonas céntricas son empujadas hacia los márgenes urbanos: Chalco, Ixtapaluca, Zumpango, Huehuetoca, Tecámac, Tláhuac, Valle de Chalco. Viven en desarrollos de vivienda de interés social que se construyeron sin visión, sin servicios, sin planeación. Pasan entre tres y seis horas diarias en transporte público deficiente, caro e inseguro. Trabajan lejos, estudian lejos, comen mal, descansan poco. Se desgastan. Se desvinculan social y familiarmente. Dejan de habitar la ciudad para apenas sobrevivir en ella. Esto no es casualidad. Es parte de un modelo económico y político que privilegia la inversión sin restricciones. Un modelo que ve la vivienda como activo financiero, no como derecho. Que considera el uso del suelo como un asunto de rentabilidad, no de justicia. Y que se sostiene, además, sobre una red profunda de corrupción institucional. Obtener una licencia de construcción en la Ciudad de México (y en muchas otras ciudades del país) es un proceso enredado, opaco, arbitrario.
Para el pequeño propietario, la tramitología es un viacrucis. Para el desarrollador bien conectado, es un trámite. Todo puede arreglarse si se sabe a quién pagar. Existen gestores que ofrecen el “paquete completo”: permisos, alineamientos, dictámenes, cambio de uso de suelo. Hay ventanillas grises, dictámenes exprés, DROs que firman fácilmente, notarios dispuestos a todo. La corrupción está tan normalizada que se ha convertido en costo operativo. Por cierto, ¡México ocupa el lugar 135 de mayor corrupción en un estudio hecho en 148 países!
Y luego está el otro rostro de la ilegalidad: la extorsión. Muchos desarrolladores, arquitectos y encargados de obra relatan lo mismo. La policía llega y exige una cuota semanal. La llaman “derecho de obra”. Si no se paga, aparecen inspectores. Si aún así no se cede, se clausura la obra o se sabotea. La autoridad que debería proteger se convierte en parte del problema. Esta práctica no ocurre en las sombras, ocurre con patrullas oficiales, en pleno día, frente a todos. Es extorsión institucionalizada.
Quienes intentan resistir a este modelo tienen pocos recursos. Algunos vecinos organizados han documentado el deterioro de sus barrios, la ilegalidad en las construcciones, el abuso de las inmobiliarias. Pero cuando protestan, cuando salen a la calle, cuando organizan una marcha, aparece la provocación. La reciente marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México comenzó como una expresión legítima de hartazgo y terminó empañada por actos de violencia cometidos por grupos encapuchados que claramente no representaban el espíritu de la movilización. Esto no es nuevo. Es una táctica conocida: infiltrar, provocar, destruir, desacreditar. Convertir una causa legítima en una caricatura violenta.
Yo condeno sin matices los actos vandálicos que se dieron durante esa jornada. Quienes destruyen patrimonio, agreden a personas o atacan negocios no están defendiendo el derecho a la ciudad, lo están traicionando. Y al hacerlo, le dan al gobierno el pretexto perfecto para no escuchar. Hay que ser firmes en la defensa de la ciudad, pero también responsables. No se combate un modelo excluyente con más exclusión, ni se defiende la memoria colectiva destruyendo sus vestigios.
También es urgente una política nacional de vivienda que deje de pensar en grandes desarrollos aislados en las periferias (esos que producen guetos verticales) y apueste por vivienda accesible, bien conectada, sostenible y digna. Una política que reconozca que el derecho a la ciudad no es solo el derecho a vivir en ella, sino a vivirla plenamente, con cultura, con comunidad, con identidad y por supuesto seguridad.
Respetar los edificios históricos, fomentar la participación vecinal real en los proyectos de renovación, recuperar el espacio público como bien común (no como atractivo turístico), garantizar la transparencia en los permisos y frenar de raíz la corrupción inmobiliaria, son pasos ineludibles si queremos ciudades habitables.
Hoy más que nunca, se necesita valentía política. Gobernar una ciudad no es promoverla como marca, es protegerla como hogar. Es entender que el espacio urbano no es solo una suma de metros cuadrados, sino de historias, de personas, de relaciones. Es reconocer que el crecimiento sin justicia no es desarrollo, es despojo. Que la vivienda no es un bien más, es un derecho fundamental. Y que no hay futuro posible si seguimos construyendo sobre las ruinas de la comunidad.
Seremos extranjeros en nuestra tierra.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
