México celebró este domingo 1 de junio lo que el gobierno llamó una “fiesta democrática inédita”: las primeras elecciones judiciales en la historia del país. La ciudadanía debía elegir a más de 2,600 jueces, magistrados y defensores públicos en todos los estados, como parte de una reforma para “democratizar la justicia”. El resultado, sin embargo, fue una jornada plagada de violencia, indiferencia y simulación.
Con una participación mínima y confianza nula.
Los datos hablan por sí solos, según cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral, sólo el 9.03% del padrón nacional acudió a votar. En muchas zonas, la gente ni siquiera sabía que había elecciones. Y quienes sí fueron, en su mayoría, no conocían a los candidatos. Recibieron una boleta con decenas de nombres desconocidos y, en el mejor de los casos, un “acordeón” entregado por sindicatos, partidos o líderes locales con el nombre del candidato a tachar.
Ese nivel de opacidad no es casual. La lista de aspirantes incluyó a varios personajes vinculados con grupos del crimen organizado, empresarios corruptos, exfuncionarios sancionados y abogados que fungen como operadores de redes de extorsión judicial. En Michoacán y Tamaulipas, organizaciones civiles documentaron candidaturas promovidas por caciques regionales o células del narco con control territorial.
En al menos seis estados, se registraron actos de violencia directamente relacionados con el proceso electoral judicial. En Chiapas, hombres armados impidieron la instalación de casillas en algunas comunidades. En Veracruz, una candidata fue asesinada tres días antes del cierre de campaña. En Guerrero, boletas marcadas a favor de ciertos candidatos llegaron ya manipuladas a los paquetes electorales.
El gobierno federal desplegó más de 3,800 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar los comicios, pero su presencia fue más simbólica que efectiva. El crimen organizado no sólo impuso candidatos en varias regiones, sino que también decidió quién podía votar y quién no.
Ninguna reforma judicial será legítima (ni funcional), mientras no se intervenga el principal nido de corrupción del sistema de justicia mexicano, el Ministerio Público.
La mayoría de los casos de impunidad en México ni siquiera llegan a un juez, porque se pudren en las fiscalías estatales y municipales, donde los expedientes se archivan a cambio de dinero o presión política. El 95% de los delitos no se castigan, y eso no ocurre solo por culpa de los jueces, sino por la ineficacia, desinterés o corrupción de los agentes del Ministerio Público, quienes tienen la facultad de enterrar una investigación o de fabricar culpables.
En casi todo el país, es común que los agentes del Ministerio Público vendan la acción penal al mejor postor, ignoran denuncias, criminalizan a inocentes para cerrar cifras, o actúan como brazos legales del crimen organizado.
Las policías municipales y estatales, a su vez, carecen de formación, protocolos y controles internos, y con frecuencia son cooptadas por intereses locales. Sin una reforma profunda a estos cuerpos, la elección de jueces es una cortina de humo.
Creo que este fue además de un tremendo golpe a la democracia quitándole contrapesos al poder, fue también un proceso de legitimación criminal
La elección judicial del 1 de junio no democratizó la justicia, la privatizó en favor de los poderes fácticos y criminales que dominan amplias regiones del país. El pueblo no eligió a sus jueces, los eligieron los políticos, los narcos, los caciques y las redes de corrupción que ya operan desde dentro del sistema.
Lo que necesita México no es un “Poder Judicial electo”, sino una Fiscalía autónoma, un Ministerio Público honesto y policías profesionales. Lo que urge no son boletas electorales, sino agentes que investiguen, fiscales que no cobren sobornos y cuerpos de seguridad que no respondan al crimen.
Mientras ese núcleo corrupto no sea desmantelado, cualquier elección será una farsa. Y la justicia seguirá siendo una palabra hueca.
Si al gobierno federal le interesara tener respeto y credibilidad, anularía la elección como un acto de solidaridad con el pueblo, ese pueblo sabio que no votó.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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