La forma de gobernar del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, denunciando públicamente a la corrupción frente a periodistas en cadena nacional, pega directo en su ego a políticos, periodistas, analistas, comentaristas, líderes y militantes de partidos políticos ajenos a MORENA. Incluso en las redes sociales existen enfrentamientos y ofensas de ciudadanos a favor y en contra.
Da la impresión de que cuando toca el tema de conservadores y liberales corruptos e hipócritas, se refiriera a esos que se enojan en lo particular. Cada tema que aborda lo desmenuza con fundamentos legales y con acontecimientos históricos, que denota su conocimiento con nombres, fechas, y estadísticas desde la conquista de México.
Y es que la corrupción continúo después de la Revolución Mexicana, en la que hubo muchos crímenes y traiciones a patriotas que defendieron los conceptos de libertad y democracia como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza entre muchos más. De tal manera que la reelección fue suplida por el partidismo político, tomando ventaja nacional en el control político el Partido Revolucionario Institucional, que además se registró con los colores del lábaro patrio.
Por ello, la corrupción ha existido siempre en mayor o menor medida y de manera casi unida al desarrollo socio-político y económico de los estados, cuyas características y circunstancias pueden incidir en las causas que la propician.
México consideraba la corrupción como parte de su cultura. Hasta que el Presidente López Obrador, se propuso darle lustre al país erradicándola. A un año de gobierno, el Presidente ha hecho propuestas e iniciativas de ley en contra de la corrupción y actos que la propician, bajo un ordenamiento jurídico que castigará severamente estas conductas ilícitas.
Distinguidos juristas internacionales coinciden en que para combatir este fenómeno, arraigado por siglos en muchos países de América Latina, habría que hacer un trabajo intenso de “visibilización” de fenómenos corruptos. Para lograrlo hay dos vías, principalmente: la de la transparencia de los actos de gobierno, por un lado; y la generación de una “ética pública” compartida por amplios sectores de la sociedad, que permita contar con un contexto de exigencia propicio para identificar y castigar los actos de corrupción. El Presidente López Obrador ha tomado en serio este fenómeno y lo está combatiendo bajo éste paradigma.
De los factores que favorecen a la corrupción política, destacamos los siguientes: salarios y remuneraciones públicas de muy bajo nivel o carencias importantes relacionadas con el bienestar personal y familiar o con la posibilidad misma de desempeñar un cargo público. En estos rubros el Presidente ajustó los salarios mínimos aumentando en porcentajes nunca dados por ningún gobernante. Disminuyó la base salarial pública para que sea equilibrada y justa. Aunque todavía no se logra esto último ante la resistencia de “servidores públicos” que obtienen salarios demasiado altos, como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Gobernadores de los Estados.
Igualmente los beneficios sociales como el servicio médico gratuito con todo y medicamentos, becas para estudiantes, apoyo a adultos mayores, entrenamiento en empresas con incentivos a los jóvenes y otros más, son parte del esquema para superar este fenómeno. Aunque también existe resistencia de los que se han servido del pueblo para su conveniencia.
La impunidad en todo el país ante la ausencia de autoridades dignas y éticas, por la debilidad de que existan sanciones para las conductas delictivas, como los fraudes electorales, los moches a jueces, nepotismo e influyentismo. También se están estableciendo las bases jurídicas para combatirlo.
El tráfico de influencias y conflictos de intereses favoreciendo a familiares y amigos, o que se obtengan beneficios como particular por el ejercicio de una función pública. La toma de decisiones para conceder licitaciones y falta de competencia en determinados sectores de mercado. Por eso se está actuando con energía contra empresas “fantasmas” y empresarios monopolistas.
El surgimiento de leyes de transparencia en todo el país con la reforma constitucional, involucra a la ciudadanía en el conocimiento de las actividades, pagos y presupuestos del gobierno, que por décadas había operado en el más absoluto de los secretos y discrecionalmente, para enriquecerse ilícitamente bajo el amparo de la ley del servicio público, reformada y aumentada en aplicar penas ejemplares. La ciudadanía percibe en el Presidente de México su lealtad a la patria y está correspondido.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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